En 2016 hubo una renovación de las autoridades educativas en más de la mitad de las entidades federativas. Dicha renovación involucró a 18 entidades más Puebla, donde está pendiente para fines de enero la decisión de ratificar o relevar a la responsable de la cartera educativa. Los cambios afectan a las entidades que atienden al 60% de la matrícula total de educación básica; entre ellas se encuentran siete de los diez sistemas de educación básica más grandes del país, aquellos con matrícula escolar cercana o mayor a un millón de estudiantes.
De las 19 entidades federativas en las que hubo cambios, 13 se explican por la renovación sexenal de sus gobiernos, incluyendo Colima que celebró elecciones extraordinarias para gobernador en enero de ese año. Los cambios en Chiapas, Michoacán y Nuevo León fueron producto del desgaste de los secretarios ante las movilizaciones magisteriales del año pasado. En Oaxaca, el cambio se produjo tanto por el cambio de gobierno como por la beligerancia de la Sección 22. En la Ciudad de México, el Estado de México y Nayarit los cambios fueron producto de reacomodos políticos al interior de los gabinetes de gobierno.
Esta renovación refleja la tendencia dominante en la última década: la inestabilidad de la conducción de los sistemas educativos estatales. En efecto, a pesar de que la mayoría fue producto de los cambios de gobierno, en las entidades involucradas fueron pocos los Secretarios que permanecieron en ese cargo a lo largo del sexenio. Tal es el caso de Diódoro Guerra Rodríguez en Tamaulipas y Tomás Muníve Osorno en Tlaxcala, así como Marco Vinicio Flores Chávez de Zacatecas, que duró casi toda la administración de Miguel Alonso Reyes.
Seguramente pocas personas creerán que los resultados educativos mejorarán si hay una mayor estabilidad en la conducción institucional, y hay motivos para pensar eso. No parece haber evidencia que nos indique que la estabilidad de las autoridades educativas sea un factor que asegure la calidad de los servicios educativos impartidos en las escuelas. Si ese fuera el caso, los sistemas educativos de la Ciudad de México y Yucatán estarían consistentemente entre los de mejor desempeño. En efecto, de forma excepcional, Luis Ignacio Sánchez Gómez y Humberto Godoy Montañez tienen alrededor de 10 años al frente de la Administración Federal de Servicios Educativos en el D. F. y de la Secretaría de Educación de Yucatán, respectivamente, pero el Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI), publicado en 2009-2013 y más recientemente el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE) no los distingue respecto a otras entidades con menor estabilidad de sus autoridades educativas.
Sin embargo, esta vez hay algo que ha cambiado. Ahora los 19 nuevos Secretarios de Educación cuentan con un entramado legal diferente al que tuvieron sus antecesores. En este contexto, la estabilidad del liderazgo político puede ser clave para la transformación en la medida que el cambio de prácticas arraigadas que se desarrollaron durante décadas requiere un esfuerzo sostenido y prolongado. Asimismo, hay que estar atentos al desempeño de los nuevos responsables. La gran mayoría de ellos, 15 de 19, con experiencia en las burocracias estatales y federales. En el caso de Tlaxcala y Sinaloa destaca su experiencia en la investigación, y en Tamaulipas y Chihuahua con experiencia básicamente empresarial. Destaca que entre los nuevos nombramientos sólo en Colima y Oaxaca tengan antecedentes normalistas.
La nueva rectoría de la educación debe ser asumida y entendida como un punto de arranque para empujar la transformación de los sistemas educativos estatales. Se requiere un nuevo liderazgo que no sólo desmonte el viejo entramado institucional corporativo y clientelar, ventajoso para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino que construya nuevas prácticas e instituciones que coloquen en el centro de sus prioridades el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes.
La ciudadanía no debe ser ajena a este reto. Es necesario denunciar la persistencia de las prácticas de antaño, monitorear la implementación de la ley y exigir la rendición de cuentas de las autoridades. No olvidemos que el poder que temporalmente detentan está sujeto al nuevo marco legal, y hoy el interés superior de la niñez puede y debe defenderse en los tribunales.
*Investigador de Mexicanos Primero.
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