Se dijo que el paquete de reformas estructurales cambiaría el rumbo de México. Lo movería. La madre de todas, se ha reiterado, es la educativa. Su tropiezo de fondo fue confundir a la evaluación con el afán de control: la primera está orientada a mejorar los procesos de aprendizaje, y el segundo a asegurar la sumisión del magisterio al gobierno, con base en el sometimiento que contradice, por ello, lo que proclama: la docencia como profesión.
¿A poco se puede argumentar que un profesional no tiene voz en cuanto a su trabajo? Durante tres años se les ignoró del todo. ¿Es propio de esa condición organizar la consulta del Nuevo Modelo Educativo con cuestionarios a modo? No: cuando se pide su palabra y se indica cómo y de qué han de hablar, surge la farsa. A los agudos problemas de concepción y puesta en práctica de esta reforma, subyace una falla, una grieta, que hace inviable la necesaria transformación de la experiencia escolar en el país.
El piso en el que se intentó cimentar es inadecuado para la edicación sólida de un proyecto: se cavó, para darle basamento, en un terreno repleto de fango. El lodazal es una mezcla de corrupción, impunidad y arrogancia. No hay horizonte de renovación educativa si quien lo propone carece de solvencia ética. Es el caso: al conjunto de reformas de gran calado, lo cuartea la indecencia del gobierno que las impulsó y sus aliados.
Es necesario contar con altas dosis de cinismo para escribir, desde la SEP: “La decisión de liberalizar el precio de la gasolina fue acertada y responsable. El subsidio distraía recursos que sirven más en educación”. Con independencia de la discusión sobre el costo de los combustibles, el argumento es falso: la fuga de los recursos destinados a las escuelas no se relaciona con ese subsidio, sino con una añeja costumbre de malgasto a través de desviar los fondos para actividades políticas de corto plazo, distribuir prebendas a gobernantes y líderes sindicales, y delinquir a secas, apropiándose de los dineros.
México no es el país que más gasta en educación en términos del monto por estudiante, ni de la proporción del PIB asignada a esta función, pero sí es líder en el porcentaje del gasto público destinado a ella. ¿Quién se traga la rueda de molino que asocia la carencia de recursos para la educación con el subsidio a la gasolina, cuando la provisión para el sistema fue siempre enorme, y decitaria en la relación de pesos invertidos y buen uso de los fondos? La fuente de carencias en la inversión educativa se produjo durante décadas, y hoy ocurre, por el peor subsidio que podemos imaginar: la corrupción.
Este “impuesto”, con cargo al erario, no sólo es regresivo, pues daña más a los que menos tienen, sino que es corrosivo: destroza la legitimidad del régimen. ¿Cuánto del dinero robado por los Duarte, por ejemplo, estaba destinado a la educación? ¿Qué proporción del hurto fue distribuido a otros encumbrados actores políticos, hoy impolutos defensores de las reformas? ¿Cuántas campañas políticas se sostuvieron con recursos que deberían ser pizarrones, libros o agua corriente en las escuelas?
Por eso, la decisión responsable de un gobierno serio, sería no subsidiar más la corrupción con impunidad. Ese costo descomunal en monto y significado. Tributo a la indecencia que desmorona todo su discurso. En el terreno de la educación, la reforma ausente, esto es, la construcción social que recompense la orientación de las acciones con arreglo a valores que no toleren la impunidad, cristalizada en instituciones apreciadas, es fatal. ¿Qué es, en lo sustancial, un proyecto educativo?
La propuesta de un horizonte ético, laico, de referencia común. Nadie da lo que no tiene. Y no tienen nada: ni un poco de vergüenza. Sólo “pactos”. La moral sigue siendo, para ellos, un árbol que da moras.
