La llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos nos plantea una oportunidad y una responsabilidad central. Se trata de un punto de quiebre en el que tendremos que decidir si hacemos frente a la situación o si seguimos enconchados en nuestra mediocridad. La migración de retorno nos planta frente a la opción de renovarnos o perder.
Ante un alud no previsto de mexicanos o nacionales americanos (menores hijos de padres mexicanos indocumentados) que pudiesen regresar a México –como resultado tanto del endurecimiento de la política migratoria de Trump, así como del posible aumento de hostigamiento, discriminación y violencia en contra de los mexicanos que residen en Estados Unidos– resulta fundamental prepararnos.
Mónica Jacobo, experta en el tema e investigadora de la unidad especializada en educación y política educativa del CIDE, señala que debemos prestar especial atención a la interfase de este tipo de migración con el sistema educativo. Ello, básicamente, pues no abrir de par en par las escuelas del país para acoger a los migrantes de retorno, así como no generar mecanismos para validar de manera fácil y expedita sus estudios y sus competencias laborales, además de tremendamente injusto, resulta miope y absurdo.
Entre 2009 y 2015, fueron deportados a México alrededor de 2 millones de personas de forma forzada o semiforzada, la mitad de quienes se ubicaban entre los 15 y 29 años. De estos últimos, 7 de cada 10 requerían ser admitidos en alguna escuela o universidad, o bien, les hacía falta revalidar sus estudios para poder insertarse en el mercado laboral formal de manera digna y productiva.
Para la inmensa mayoría, sin embargo, la posibilidad de inscribirse a una escuela, así como de graduarse y/u obtener el certificado oficial de los estudios cursados en Estados Unidos ha significado enfrentarse a un verdadero vía crucis. Entre los requisitos –rocambolescos– solicitados por las autoridades mexicanas para ello: acta de nacimiento traducida por perito profesional y apostillada, así como certificados de estudios también apostillados y traducidos por peritos profesionales. Por su peculiar situación migratoria, muchos de ellos no contaban con esos documentos o bien con los recursos para cubrir el costo de todos esos trámites (costo aproximado entre 8 y 10 mil pesos).
El trámite se vuelve más complejo para ser admitido en una institución de educación superior mexicana o para revalidar la cursada y/o completada en Estados Unidos, pues se requiere, además de cumplir con los requisitos mencionados para básica y educación media superior, comprobar que el programa de estudios universitarios cursado en Estados Unidos sea similar al de una universidad mexicana en, al menos, 75 por ciento.
En el verano de 2015, y gracias a la labor de un grupo de organizaciones sociales y académicos, así como de la sensibilidad de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, esos requisitos (absurdos y carísimos) se redujeron de forma significativa para primaria, secundaria y educación media superior.
Desafortunadamente, la buena nueva ha tardado en llegar a las escuelas y, como resultado de ello, muchos niños y jóvenes retornados siguen sin poder acceder a la educación formal y/o a certificados de estudios.
Frente a la posible exacerbación de esta problemática, el pasado 17 de enero, el presidente Peña Nieto anunció que para los estudiantes de educación básica no será necesario exhibir documentos, y sólo se requerirá presentar un escrito por parte de los interesados, de tal manera que la responsabilidad de la revalidación queda en manos de la institución que reciba al estudiante.
En cuanto a la revalidación de títulos y estudios de los migrantes de retorno, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, dio a conocer que a partir de febrero se harán públicos nuevos lineamientos orientados a simplificar y facilitar dichos procesos.
Las medidas anunciadas constituyen una muy buena noticia. Restan, sin embargo, diversos temas centrales por atender. En primerísimo término, el que las autoridades lancen una campaña de comunicación para sensibilizar a la población sobre el valor de los migrantes de retorno, así como y en especial, para darle a conocer a todas la instituciones educativas los nuevos lineamientos para la admisión, emisión de títulos y reconocimiento de estos para los migrantes de retorno, a fin de que los cambios normativos no se queden en letra muerta.
Dos asuntos adicionales a los que las autoridades tendrían que prestar atención son los siguientes. Primero, iniciar los trabajos para simplificar los trámites generales de acreditación de identidad para los migrantes de retorno, pues este parece ser el mayor cuello de botella, también, para su inserción laboral. Segundo, empezar a pensar cómo tendríamos que acometer la tarea más compleja de ofrecerles a aquellos en edad escolar la educación y el trato que requieren para potenciar sus saberes, destrezas y actitudes distintivas en beneficio de la colectividad en su conjunto. La transformación en curso del Modelo Educativo mexicano ofrece una oportunidad privilegiada para ello.
Si no tomamos las medidas necesarias, nuestros connacionales vuelven a perder y perdemos todos debido a nuestra incapacidad como país para darles oportunidades de formación y crecimiento, así como para aprovechar sus saberes y talentos
