“El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la SEP gastaron cerca de mil millones de pesos para evaluar a alumnos y maestros, pero los resultados no se utilizan para mejorar la calidad de la educación” … Auditoría Superior de la Federación.
Uno de los argumentos que de manera permanente se han esgrimido sobre la necesidad de la evaluación como punto de soporte de la Reforma Educativa, tiene que ver con la necesidad de conocer cuáles son las áreas de mejora para poder emprender en consecuencia acciones que permitan generar acciones del Estado Mexicano para su solución.
Más allá de este bonito juego de palabras, en diversas instancias se ha comentado sobre las inconsistencias que se presentan –y demuestran– que la demagogia es la principal razón y la pretensión electoral de 2018 el principal motivo que mueve las acciones de quienes determinan el rumbo educativo en nuestro país, porque se está gastando 5 veces más en la evaluación que en la formación inicial de nuestras Escuelas Normales, con cursos en línea y sin sentido que no utilizan los resultados de la evaluación.
Todavía durante la comparecencia en el marco del análisis del IV Informe de Gobierno Federal, el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer afirmó que “la evaluación docente permite saber qué hacen los maestros y dónde están las áreas de mejora, para crear programas de formación continua”, sin embargo, sus palabras contrastan con los resultados dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados el pasado 8 de febrero de 2017.
Así, en la página 16 del informe de la Cuenta Pública de 2015 se establece que se ejercieron 956,064.8 miles de pesos para las evaluaciones de la calidad de la educación básica, el 36.8% (352,151.3 miles de pesos) correspondió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el 63.2% (603,913.5 miles de pesos), al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin embargo, a pesar de dichos recursos empleados, los resultados de las evaluaciones no se usaron para la toma de decisiones de las autoridades educativas que incidan en la mejora del aprendizaje de los alumnos de educación básica.
Cuando se toman decisiones en cualquiera de los ámbitos del servicio público que no se encuentran sustentadas en información pertinente y suficiente que la soporte, se puede caer en la discrecionalidad en la toma de decisiones que de acuerdo a la definición de la propia ASF en la página 57 del Informe General de la Cuenta Pública 2015, “Este riesgo engloba, principalmente, aquellas circunstancias que pudieran facilitar que las determinaciones de los servidores públicos no se realicen en un entorno de transparencia y control suficientes”, con la posibilidad de “anteponer su interés individual”, de la “Comisión de errores derivada de dificultades en la interpretación de la normativa existente”, o “Toma de decisiones sin planeación u objetivos claros”, en cuyo caso cualquiera de los supuestos representa un grave problema para la educación del país.
La evaluación en sí misma no es mala, representa una gran oportunidad para encontrar las vetas de mejora del Sistema educativo, pero no cuando el se usa como pretexto para la denostación de un gremio que a lo largo de la historia del Sistema Educativo Nacional siempre ha estado a favor de las grandes causas de nuestro país…
