El Ejecutivo Federal divulgó hace poco el modelo educativo presentándolo como un conjunto de soluciones a problemas diversos del servicio educativo y ha reiterado sus novedades y ha insistido en que existen ya, o se crearán las que sean necesarias, las posibilidades de lograrlo. Aunque parezca obvio, el modelo pende del gobierno mismo, en dos sentidos relacionados: como política pública, está suspendido o colgado de las fortalezas que la administración tenga y que pueda a mostrar o hacer eficaces en relación con la puesta en operación del modelo, en primer término. En segundo lugar, el modelo está subordinado al gobierno, en tanto que no tiene una dinámica autónoma. En realidad, con el modelo educativo el gobierno se ha puesto una prueba a sí mismo, pues en la carta sobre los fines de la educación afirma lo siguiente: “Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, que forma parte (sic) de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma Educativa nos ofrece la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su máximo potencial”.
Aunque no es claro quién es el sujeto que declara, en tales palabras hay varios elementos: a) La necesidad que enfrentamos de “construir un país más libre, justo y próspero” no es una es una novedad, aunque sí lo sean muchas de la circunstancias del siglo XXI en las que la necesidad debe ser atendida. La necesidad ha estado ahí, acompañando a cada generación, desde las que soñaron y lucharon por la Independencia y por afianzar la soberanía y un camino certero para la justicia , y aunque esa necesidad se afirme ahora en relación con los fines de la educación en función del nuevo modelo, se trata de un imperativo normativo asentado en la Constitución a medida que esta, palabra tras palabra, va estableciendo los derechos fundamentales; b) Ante el proyecto constitucional de un México “más libre, justo y próspero”, el mundo, como contexto, siempre ha sido desafiante, por lo que ahora es fundamental no repetir errores que han desperdiciado tiempo, anhelos y recursos de los mexicanos. Así, si una novedad del modelo educativo es crear el ambiente pedagógico que, contra una memorización inútil, favorezca que el alumno aprenda a aprender, el nuevo principio que habrá de informar la pedagogía debe aplicarse en primer término al gobierno mismo en tanto organización. Si no aprende lo que el nuevo modelo requiere, débil estará entonces el modelo. Ese aprendizaje gubernamental es fundamental para que la educación contribuya a crear las bases del desarrollo del potencial de la Nación y de los mexicanos y las mexicanas; c) Por lo anterior, debe reconocerse que el desafío no está sólo en el mundo como realidad externa a nuestro país, sino que los desafíos para que construyamos “un país más libre, justo y próspero” están dentro de México, en sus estructuras económicas, en la desigualdad oprobiosa, en el patrimonialismo que se resiste a morir, en la insuficiencia grave de la administración de justicia, en la violación de los derechos humanos, etc. En suma, es bueno que esté ahora el modelo y tenga su ruta, pero necesitamos un gobierno que tenga, de manera vigorosa, a la Constitución como modelo de acción, como ruta indiscutible.
La carta de los fines incorpora el mandato del Artículo 3o. constitucional para el sistema educativo, a saber, que desarrollarará “armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”, y luego plantea la pregunta de “qué mexicanos queremos formar”, sin acompañarla de una declaración previa acerca de qué gobierno debemos lograr, o mejor, dado que el discurso del modelo es una expresión de la autoridad gubernamental, qué gobierno debe ser. De lo que el gobierno logre ser dependen en mucho las posibilidades del modelo educativo.
Sabemos que la reforma educativa surgió del Pacto por México, el cual se sustentó en la convicción de que “Nuestro largo proceso de transición democrática debe culminar” y ser orientada “hacia las metas de bienestar social, libertad personal y seguridad a las que
siempre hemos aspirado”. El Pacto se desvaneció, naufragó, pero no así la aspiración de justicia y bienestar que tiene la sociedad mexicana, por un lado, y la responsabilidad constitucional que tiene el gobierno, por el otro.
Si una cosa enseñan las diversas reformas educativas que se han emprendido en los últimos sesenta años -un horizonte de pasado al que el modelo educativo ha sido referido-, es que la escuela no puede sola lograr la transformación social a la que su trabajo está dedicado. La escuela es sólo una de las instituciones públicas que el país ha construido para realizar el bienestar que el conjunto de los derechos humanos contienen y simbolizan. En el origen, esta la institución de gobierno, a la que se le confía el principio-meta de la justicia social, uno de los que deben dar forma y vida a la escuela.
