Rosa Guadalupe Mendoza Zuany*
La inclusión es uno de los ejes –junto al de equidad– presentes tanto en el Nuevo Modelo Educativo como en el discurso político para posicionar dicho Modelo. Pero, ¿cuál es el sentido que se le otorga y qué condiciones son necesarias generar para que las escuelas sean inclusivas?
La inclusión forma parte de una política internacional de la UNESCO transferida por el gobierno mexicano, de forma más contundente y explícita a partir de la propuesta del Nuevo Modelo, ampliando su sentido más allá de la atención educativa a personas con discapacidad. Es decir, la inclusión se orienta según Aurelio Nuño Mayer a la atención de niños “si tienen alguna discapacidad, si hay alguna desventaja económica, por el origen étnico o de género”.[1]
La inclusión tiene como destinatario una diversidad de diversidades presentes en las aulas, y su característica principal es que se puede aprender en un mismo salón de clases. Frente a ello, se argumentan explícitamente las razones sociales y educativas de la inclusión, asociadas a la tolerancia y a la no discriminación, a la convivencia en la diversidad, a la atención de las formas de aprendizaje diferenciadas de cada individuo, etc.
Sin embargo, poco o nada se habla de la razón económica de la inclusión. Ésta es explícita en las Directrices sobre políticas de inclusión en la educación (UNESCO, 2009) que al respecto dicen: “es menos costoso establecer y mantener escuelas en las que se enseña a todos los niños juntos, que establecer un complejo sistema de distintos tipos de escuelas que se especialicen en diferentes grupos de niños”. [2] Sin duda, en el contexto económico en crisis como en el que vivimos, esta razón parece ser la de mayor peso a la hora de presentar a la inclusión como uno de los ejes del Modelo. Si bien quizá no en un corto plazo, esto podría tener implicaciones claras y más contundentes para el subsistema de Educación Indígena, considerando la ya débil posición de la educación intercultural bilingüe en el sistema educativo mexicano.
Un ejemplo claro del “ahorro” que representa la inclusión para la SEP es el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) que fusionó siete programas presupuestarios en 2014, orientado a indígenas, migrantes y personas con discapacidad principalmente, y cuyo presupuesto no es la suma del presupuesto con el que contaban dichos programas. En el ejercicio fiscal 2014, “el monto total del presupuesto aprobado para el PIEE fue inferior en 59.82% a la suma de los programas que agrupó”.[3]
Así pues, preocupa el discurso de la inclusión para un sistema educativo sin condiciones para ofrecer una educación inclusiva, y para el cual no se diseñan ni implementan políticas que permitan vislumbrar, cómo crear las condiciones necesarias para realmente ofrecerla. Particularmente es importante conocer si las escuelas garantizarán el ejercicio de derechos, como el de los niños y niñas indígenas a una educación intercultural y en sus propias lenguas maternas.
Entre los cuestionamientos que surgen sobre la creación de condiciones para la escuela inclusiva, señalo algunos importantes: ¿qué se plantea para la formación inicial y continua del maestro que sea capaz de atender en su aula la diversidad social, cultural y lingüística, la vulnerabilidad económica, las necesidades educativas de niños y niñas con discapacidad? ¿Qué perfiles, parámetros e indicadores (PPI) del Servicio Profesional Docente (SPD) se están planteando para que cada escuela “inclusiva” cuente con personal docente capacitado, diversificado y suficiente para atender la diversidad de diversidades presente en las aulas? ¿Qué medidas se adoptan, por ejemplo, la construcción de materiales educativos específicos para los niños y niñas indígenas, que tienen el derecho a aprender en su lengua materna, más allá de la Asignatura Lengua Indígena, que sólo se imparte en escuelas del subsistema indígena en el nivel primaria? ¿Por qué se señala que progresivamente las escuelas contarán con maestros de inglés, y se omiten metas y mecanismos para contar con maestros hablantes de lenguas indígenas? ¿Por qué no se plantea el aprendizaje de lenguas indígenas como segundas lenguas?
Considero que un Nuevo Modelo que se denomina inclusivo debería responder esas preguntas de forma clara y contundente. De no hacerlo, la noción de inclusión parece más cercana a la “integración” que caracterizó la política educativa de la época indigenista de la segunda mitad del siglo pasado, donde la castellanización y la asimilación a una nación mestiza fueron los principales objetivos.
El hecho de hablar de “calidad” y no de diversas nociones de calidad, o de aprendizajes claves generalizables y no del reconocimiento de aprendizajes clave diferenciados, remite a la omisión de la consideración de los resultados sobre la educación que quieren los pueblos indígenas, derivadas de ejercicios de participación tan importantes como la “Consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre evaluación educativa” que llevó a cabo el INEE en 2015. Sus resultados apuntan a que la calidad de la educación considera criterios diferentes a los que los hacedores de políticas educativas tienen en mente, y que lo que quieren aprender no es única ni precisamente lo que señalan los planes de estudio.
En conclusión, las implicaciones del eje de la inclusión, para los niños y niñas indígenas, son preocupantes ya que parecen significar el regreso a un paradigma integracionista que vulnera sus derechos específicos como miembros de pueblos indígenas, derivados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Todo indica que prevalece la razón económica de la inclusión ante un panorama poco halagüeño sobre la posibilidad de promover discusiones y construir acuerdos -en el marco de nuestra diversidad- sobre la educación que queremos los diferentes grupos que habitamos el país.
*Rosa Guadalupe Mendoza Zuany es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.
[1] El Universal, 17-03-2017 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/17/nuevo-modelo-educativo-garantiza-la-inclusion-nuno
[2] UNESCO (2009) Directrices sobre políticas de inclusión, página 9.
[3] INEE (2017). Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas. México: INEE, página 103.
