El Ejecutivo federal ha insistido, al presentar, defender y promover el modelo educativo, que una de sus características distintivas es la previsión de las condiciones para gestionar el nuevo currículo tanto de la educación básica como de la media superior. Eso está bien, sin duda, pero las que enuncia el documento “Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016”, son insuficientes, porque pertenecen al ámbito mismo de la educación, como el liderazgo educativo o la cultura pedagógica. Esta, por cierto, es un nombre inadecuado, pues se trata en realidad de un objetivo de toda la reforma que podría enunciarse en términos de cambiar una cultura pedagógica anterior, juzgada obsoleta, por una nueva, actual, apreciada como indispensable.
Entre las condiciones por atender se encuentran algunas como las siguientes:
- Situar el modelo educativo en la tradición de la política educativa, específicamente en la tradición legislativa, con realismo, es decir, sin la pretensión de que todo es nuevo. Por ejemplo, ante la cuestión del pensamiento crítico o la del sujeto autónomo, es importante recordar que la Ley Federal de Educación de 1973 establecía entre las finalidades de la educación la de “Vigorizar los hábitos intelectuales que permiten el análisis objetivo de la realidad (Artículo 5o, Fracc. X). Por su parte, la Ley General de Educación estableció en 1993 el siguiente fin, que subsiste hoy: “Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos” (Artículo 7o, Fracc. II). Por este tema y otros, puede afirmarse que un problema de las políticas educativas y de su gestión ha sido el incumplimiento de la ley o, en otras palabras, la omisión de responsabilidad gubernamental. Bien puede afirmarse ahora, entonces, que un objetivo de la reforma y su modelo educativo es cumplir la ley. Además, al atender la tradición legislativa se respeta a la sociedad.
- Otra condición fundamental para el éxito de la reforma es el compromiso de los partidos políticos con su función constitucional. Dice nuestra Ley fundamental que aquéllos son “entidades de interés público” (Artículo 41, I), lo que significa que su acción está determinada por los principios constitucionales y, en consecuencia, mucho de lo que le ocurre a la educación depende y dependerá de los candidatos y candidatas que propongan estas entidades para las distintas responsabilidades del gobierno, sea en la rama ejecutiva o en la rama legislativa, tanto a nivel federal como estatal. Por ejemplo, de las cualidades políticas, morales y profesionales de quienes son responsables del gobierno depende el hecho de disponer de diagnósticos completos y confiables de las necesidades educativas de los ciudadanos y la sociedad, por un lado, y por el otro, de tales cualidades depende el adjudicar y hacer buen uso de los recursos presupuestales que la realización del derecho a la educación de los ciudadanos exige. ¿A quiénes y para qué fines proponen los partidos como candidatos en los diversos procesos electorales? Toda proposición debe estar orientada por la responsabilidad ante los derechos humanos de los mexicanos, la educación en este caso.
- Una tercera condición para el éxito del modelo educativo es meter la política al currículo. En el documento Propuesta curricular…, se enuncian diez rasgos del perfil de egreso de la educación básica, siendo el sexto el siguiente: “(El alumno) sabe acerca de los fenómenos del mundo natural y social. Lee y se informa sobre procesos sociales, económicos, financieros, científicos, tecnológicos, culturales y naturales de México y el mundo. Los interpreta y explica aplicando su conocimiento del progreso científico y los principios del escepticismo informado (¡sic!). Identifica y cuestiona los fanatismos y al tomar decisiones, individuales o colectivas, procura la equidad”. Este rasgo del perfil de egreso es sorprendente al menos por tres elementos: su redacción, su contenido y, principalmente, por la ausencia de los procesos políticos. ¿Por qué estos no están en el perfil? Es una omisión gravísima por dos motivos: primero, porque la sociedad mexicana tiene un proyecto de orden y convivencia establecido en su Constitución política y el conocimiento y aprecio de la misma es esencial para el conocimiento de la acción social y la acción política y para aplicar en ambos saberes el pensamiento crítico, tan caro al modelo educativo. Ello es primordial para otro rasgo del perfil de egreso: “Cultiva su formación ética y respeta la legalidad”. En segundo lugar, porque es claro en nuestro presente que la acción política es, paradójicamente, una de las grandes fuentes de la inestabilidad que observamos, vivimos y sufrimos. Póngase atención, por ejemplo, a las campañas políticas actuales y lo que les precedió, sobre todo en el Estado de México; a la acumulación de violaciones a los derechos humanos y su indigna acompañante, la impunidad; a la corrupción ilimitada del sistema político en el manejo de los dineros de la nación y la farsa teatral que el sistema organizó por $ 500,000 “entregados” a una candidata en Veracruz, que contrastan ilimitadamente con la danza de decenas de miles de millones de pesos robados, desviados, malgastados, sobre ejercidos…, y para los cuales la justicia no tiene respuesta o es lenta de modo calculado.
En suma, sin los procesos políticos en el currículo, ¿a dónde conducirán los rasgos del perfil de egreso? Si “al cambiar el mundo, la educación también debe hacerlo” (Aurelio Nuño, en Propuesta curricular…, p. 7), ¿no debe cambiar la relación entre educación y política?, ¿no debe cambiar la política misma para que pueda cambiar la educación? Lo debe hacer porque la educación es la principal acción política que una sociedad emprende.
