Uno de los argumentos contra los cambios propuestos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia educativa fue el relacionado con las posibles consecuencias de la evaluación sobre los pobres. Parece haber un temor latente de que las pruebas estandarizadas no le hacen justicia al desfavorecido. El hecho de detectar que los pobres logran puntajes más bajos que el resto de la población en un examen que se aplica a todos por igual, ¿es motivo suficiente para pedir la cancelación de estas técnicas de medición? Si entramos en el terreno político, el argumento pobrista es útil, pero si deseamos pensar con mayor profundidad qué hacer para poder cerrar las brechas entre ricos y pobres, no hay razón para prescindir de esas bases de información.
En su libro sobre la Idea de la Justicia, Amartya Sen (2009) escribió un capítulo sobre “imparcialidad y objetividad” en donde se pregunta lo siguiente: “¿Puede haber una buena comprensión de la ética en general y de la justicia en particular que centre su atención en algunas personas y no en otras con la idea de que algunas de éstas son relevantes y otras no?” Sen es claro al responder: la filosofía política y moral contemporánea niega esa posibilidad al exigir que se vea a todo individuo como “política y moralmente relevante”.
Es decir, sacar de un esquema de evaluación al desposeído podría minar el carácter de imparcialidad cuyo lugar en la ética y en la teoría de la justicia es, según el Nobel, central. Si al evaluar, no se capturan las condiciones de los más desprotegidos ni se comparan sus resultados con los de otros grupos, estaremos entonces en riesgo de dejar fuera información relevante para poder discutir cómo mejorar políticas y programas orientadas a cerrar las brechas entre pobres y ricos. Sabemos que las comparaciones son odiosas a nivel personal, pero en el terreno de la filosofía política, son necesarias.
Abatir la pobreza implica, entre muchas otras cosas, un ejercicio de evaluación estandarizada que puede no ser negativo per se. El mal uso de los resultados de ésta es otra cosa y gracias a la voz de algunos especialistas y de las recientes movilizaciones magisteriales, hemos sido bien advertidos de no sobre dimensionar el recurso de la evaluación en el desarrollo de las políticas orientadas a mejorar la calidad de educación de un país tan desigual como México. Por ello, en la primera entrega de esta serie de artículos, expresé la necesidad de ampliar la base de información para discutir qué programas y políticas suprimir, cuáles mejorar y cuáles mantener.
En resumen, la diferencia entre el valor de ser sujeto de evaluación y los usos (y abusos) de los resultados de estos ejercicios no es menor y si se advirte claramente, habrá posibilidades de: (1) mejorar sustancialmente las técnicas de medición del logro escolar o docente; (2) centrar la crítica pública en las condiciones que no hemos podido — como sociedad y gobierno — asegurar para que los más pobres puedan aprender al parejo de otros grupos y (3) promover debates académico—filosóficos sobre la relación entre evaluación y desigualdad y así no estar a merced de discursos demagógicos o de presiones de políticos profesionales.
Puedes consultar la primera parte aquí
Publicado en Campus Milenio
