La Universidad Juárez del Estado de Durango se encamina a un conflicto más, una lucha descarnada por la rectoría y el control del presupuesto, a más de un año de distancia. Aunque el rector, Óscar Erasmo Návar García, entró por puerta falsa, parece que ha ganado legitimidad. Pero es improbable que pueda conducir a la UJED a un cambio institucional que le otorgue cierta estabilidad y modernice su arcaico método de elección de autoridades.
El Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno. Lo componen el rector, las demás autoridades, todos los profesores y un representante de los alumnos por cada escuela o facultad. Rige el principio de una persona, un voto. La compra o el control de sufragios es una regla, al menos desde 1974.
Un poco de historia para esclarecer el punto de por qué se avecina otra pugna. Tras un conflicto de 18 meses en que dos personas se ostentaban como rectores de la UJED, desde el centro forzaron a intervenir —contra su voluntad— al entonces gobernador, Maximiliano Silerio. Dialogó con todos los grupos y encontró la forma. José Ramón Hernández Meraz cumplió cuatro años y se reeligió. Murió en el cargo en junio de 2003. Quien era el contador, Rubén Calderón, ganó la elección. Duró en el puesto diez años. Era casi seguro que en 2010 se reelegiría, tenía el control de la Junta Directiva, del Consejo Universitario y de la mayoría de los catedráticos por vía de los directores.
Jorge Herrera Caldera recién tomó la gubernatura del estado ideó un golpe de mano escabroso para impedir la reelección del rector, quien, suponía, había apoyado a su rival. En un clásico madruguete, el Congreso modificó la Ley Orgánica de la UJED y suplantó al Consejo Universitario. En septiembre de 2010 designó a Patricia Herrera como rectora. Duró siete días en el cargo.
Luego, el Congreso modificó la Ley Orgánica de nuevo y, mediante el control del Consejo, el gobierno manipuló para que Javier Castro Hidalgo fuera el nuevo jefe de la Universidad. Éste fue rector de papel. Es conocido que fue el gobernador —por medio de su hermano Antonio— quien gobernó en la UJED. Con éste acordaban los directores de las dependencias, él decidía quién sería jefe de escuelas y facultades.
El gobernador Herrera removió a Castro. En diciembre de 2012, el Consejo, controlado por el gobierno, designó a Erasmo Návar como rector. Le tocó la faena dura. No tenía legitimidad interna ni resistía los embates del hermano del gobernador.
El mundo cambió en 2016. José Rosas Aispuro Torres, en una alianza PAN-PRD, le ganó al candidato del PRI. Miembros de un comité de defensa de la autonomía le pedían que quitara a Návar y pusiera a uno de ellos, leal al exrector Calderón, quien es hoy secretario de Educación en el estado. Aispuro Torres respondió que no repondría una violación a la ley con otra. Pero sus funcionarios, empezando por Calderón mismo, no dejan de echar leña al fuego. Falta mucho para el cambio y ya hay una decena de candidatos y todos dicen contar con el apoyo del gobernador.
Entiendo que Aispuro Torres no quiera meter las manos. Aparte de que no desea violar la autonomía, tampoco ansía broncas con grupos que tienen voz, que pueden armar líos o agenciarse apoyos de otros políticos (del presidente municipal, por ejemplo). Sin embargo, el puesto de mando le exige velar por la paz y la tranquilidad en el estado. La UJED —con todo y sus defectos y prácticas corruptas— es una institución de peso. El riesgo de otra crisis está en puerta.
Pienso que el gobernador tiene la coyuntura histórica de hacer política de la buena, sin transgredir la autonomía. Puede convocar a los universitarios a hacer propuestas para una reforma a su ley orgánica, como lo proponen exalumnos y profesores de la Universidad, según lo analiza Leobardo García Orrante en un artículo en El Sol de Durango (2 de mayo). Esto, bajo dos premisas. Una, que quede claro que la UJED seguirá siendo (incluso más) autónoma. Dos, que no se vulnerarán los derechos laborales.
La UJED requiere una ley orgánica moderna que aminore las querellas entre grupos, que garantice que el jefe de la Universidad tenga grados académicos decorosos y fama pública. Hoy, quien controla el presupuesto puede hacer mayoría en el Consejo, aunque no tenga mérito académico alguno. Establecer una Junta de Gobierno no resolvería todo, pero aligeraría la compra descarada de votos o el voto forzado.
El gobernador tiene la oportunidad de prevenir una crisis en la UJED.
