Siempre he creído que aquel ser humano o colectividad que está conforme y satisfecha con lo que tiene, difícilmente se manifiesta ante alguna institución, autoridad o representante del pueblo, para exigir que éste, deje de proporcionarle aquello que le satisface. Sería ilógico pensar lo contrario; es más si esto sucediera, imagino lo absurdo de la situación que pudiera darse, ante los ojos de aquellos que no tienen satisfechas o atendidas ciertas necesidades o demandas.
Si esta premisa es válida, más no cierta, dado que no poseo la verdad absoluta de las cosas; tendríamos que reconocer y aceptar que las diversas manifestaciones de ciertos grupos sociales que a diario presenciamos y observamos a través de los medios de comunicación, son una muestra de esa insatisfacción que refiero pero, también, de la falta de atención a las distintas problemáticas que las mismas circunstancias encierran.
Esta breve, y quiero pensar sustanciosa reflexión, viene a colación mi estimado lector, por los acontecimientos en los que recientemente se han visto involucradas, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez” de Panotla, Tlaxcala, y las autoridades gubernamentales y educativas de la misma entidad. Y es que mire usted, justo cuando cierro estas líneas, el conflicto que lleva varios meses “atorado” en Palacio de Gobierno y en la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, recrudeció.
Por un lado, las estudiantes reclaman la atención y solución de varios asuntos: la reducción de la matrícula; el nombramiento del cuadro directivo – dada la destitución de los que fungían como tales semanas atrás –; la falta de las porciones alimenticias; el esclarecimiento del destino de los recursos económicos que le son asignados a la escuela a través del PACTEN (programa de fortalecimiento a la educación normal); entre otros. Y, por el otro lado, la postura de las autoridades estatales en cuanto a la solución de las demandas de las normalistas.
Demandas y posturas que, si usted quiere, son razonables, en la medida en que se comprende que cada uno de estos actores desempeña un papel o rol específico pero, ¿qué hay detrás de todo este embrollo?, ¿cuáles son las razones por las que las alumnas normalistas no cejan en su deseo de que sus peticiones sea atendidas y solucionadas favorablemente?, ¿cuál es el motivo por el que los funcionarios de gobierno tampoco cejan en su posicionamiento en torno a tales peticiones?
Por principio de cuentas, es menester mencionarle que en otras entidades de mi querida República Mexicana, como en Aguascalientes y Michoacán, recientemente se vivieron conflictos de similar naturaleza; la reducción de matrícula pareció ser el detonante que llevó a los estudiantes de las instituciones formadoras de docentes, a manifestarse. Resultado de ello, en ambos casos, el empleo de las fuerzas de “seguridad” para mantener el “orden” y la “calma”, fue el común que llevo a los policías a agredir a los normalistas. Resultado de estas lamentables acciones, un alumno de la escuela normal rural de Tiripetío – hasta donde tengo conocimiento – se debate entre la vida y la muerte, pues recibió un balazo en el rostro por parte de esas fuerzas de “seguridad”.
Llama la atención en ese sentido, que las normalistas en el estado de Tlaxcala, luchen por las mismas razones que en otros estados se viven y vivieron hace unos días. ¿Por qué hasta el momento ninguna autoridad educativa federal (o en los estados) ha dado una explicación lo suficientemente fundamentada que nos lleve a entender las razones del establecimiento de una disminución en la matrícula de las escuelas normales? Y es que ante la falta de argumentos que expliquen precisamente los motivos por los que deba reducirse el número de alumnos en las normales, uno puede imaginar lo que se nos venga en gana; por ejemplo, que se apuesta, desde el gobierno federal, a la desaparición de estas escuelas formadoras de docentes. Así de simple, así de complejo.
Bueno sería, que tales explicaciones, tuvieran los suficientes elementos normativos, pedagógicos y didácticos para ello; pero no, seguro estoy, que esa explicación nos la quedarán debiendo.
Ahora bien, por lo que respecta al nombramiento de directivos, en el caso de Tlaxcala, tengo claro que es facultad exclusiva del Secretario de Educación en turno. Eso no lo debato ni lo refuto; sin embargo, habría que cuidar las formas y los medios porque, como es sabido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a través de la Sección 31, tiene metidas las manos hasta el fondo y ha intentado, como así ha sido, intervenir en dicho nombramiento, bajo el supuesto de vigilar que no se atente en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Obviamente que ante tales cuestiones, el alumnado procura que la encomienda le sea otorgada a quien conozca sobre el medio, y así ha sido. Hasta donde mi conocimiento llega, después de la destitución del cuadro directivo – que no rindió buenas cuentas –, se nombró a un encargado de la dirección quien, con paciencia y conocimiento, ha resuelto algunas de las problemáticas que permean y han permeado – desde hace mucho tiempo – en ese plantel educativo. Situación nada fácil y si bastante complicada, por el cúmulo de conflictos que se viven al interior, repito, de la escuela normal.
Ciertamente en dicha problemática ha existido el diálogo entre las partes pero, ¿por qué no se lleva a cabo una investigación profunda que lleve a los involucrados a resolver la problemática expuesta?, ¿por qué no deslindar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en caso de que se comprueben algunas de las anomalías e irregularidades que manifiestan las estudiantes en cada uno de sus mítines?, ¿por qué esperar a que el conflicto crezca y haya enfrentamientos entre las partes si ante las denuncias expuestas (y que son públicas) no se ha actuado en consecuencia?
En este sentido, he leído y escuchado, a varios ciudadanos de ésta y otras entidades, expresarse en torno a tales hechos; con preocupación he observado comentarios que atentan contra la integridad de las personas, particularmente, de las estudiantes. Desafortunadamente, cuando se desconoce sobre el medio educativo, sobre el subsistema normalista, sobre las escuelas normales rurales, en fin; sobre todo aquello que envuelve a la educación en su conjunto, se puede manifestar y expresar lo que así se considere pertinente, y que malo es ello. Y es malo porque en uso de ese derecho que tenemos los mexicanos denominado: libertad de expresión; dicha libertad se ha confundido con libertinaje y créame mi estimado lector, eso no arroja ni ha arrojado nada bueno.
Consecuentemente, considero que el diálogo debe permanecer, así como también, el orden de las cosas pero, para ello, se requiere de acciones concretas que lleven a resolver los conflictos para, ahora sí, hablar de una atención a los problemas y, como parece obvio, de una mejora educativa.
La investigación que podría hacerse al respecto, repito, es una buena estrategia; ojalá se tome en cuenta pero, además, que se hagan públicos los resultados que arroje la misma. Solo así, esas personas que se dicen afectados por la toma de instalaciones y carreteras, comprenderán que no es una necedad de quien puede y quiere manifestarse. De lo contrario, seguiremos como hasta el momento, en medio de un conflicto que, bien a bien, no hay para cuando se resuelva.
