Euriel Rosas Lozada*
Desde la creación de la primera normal rural en 1922, en el Estado de Michoacán (Tacámbaro); estas instituciones han luchado por subsistir ante los embates de las políticas neoliberales, a través de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), adoptadas y desarrolladas por el sistema educativo de nuestro país.
En la última década del siglo XX, se intensificaron los ataques a las normales ruarles; en el 2003, el BM le ofreció al gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, un préstamo por 40 millones de dólares, pero para otorgarle dicho préstamo, le ponía como condición cerrar la Escuela Normal Rural Mactumactzá, institución que durante más de 86 años ha ofrecido educación superior gratuita, techo, comida, y un empleo al término de sus estudios como maestros de educación primaria, a miles de jóvenes provenientes de diferentes grupos étnicos.
Cuando los estudiantes se enteraron, comenzaron a movilizarse junto a sus padres, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y la sociedad en su conjunto; dicho movimiento, culminó con la represión y muerte de un chofer de la Escuela Normal Rural de Tenería, el 6 de agosto, además de la orden de cancelación del semestre por el gobernador. Estos actos, fueron el primer paso para el cierre de la institución. Días posteriores se dio la transformación: el derribo de los dormitorios y el comedor, la disminución de la matrícula, la conversión en una normal mixta; es decir, de ser sólo para varones (internado), pasó a ser para hombres y mujeres.
En el mismo año, en el Estado de Hidalgo, se dio otra movilización de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal”, mejor conocida como el Mexe, al estar como gobernador Miguel Ángel Nuñez Soto y, posteriormente, Miguel Ángel Osorio Chong, actualmente Secretario de Gobernación, que culminó con el conflicto y cierre de esta Escuela Normal Rural.
Los conflictos de estas escuelas normales se han agudizado en este nuevo siglo; en el 2008, en Tenería Estado de México, el gobernador Peña Nieto había cancelado la matrícula de ingreso en 18 de las 36 Normales del estado, y planteó la cancelación de las plazas para los maestros rurales de Tenería, y sus egresados, deberían presentar el concurso de oposición establecido por la ACE (Alianza por la Calidad de la Educación); por lo que se movilizaron, sin embargo, el Estado intentó desalojar a los estudiantes.
Los asesinatos de dos estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en la autopista del sol el 12 de diciembre del 2011; los trágicos hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en contra de la misma normal rural, y la desaparición forzada de 43 de sus normalistas, son otros hechos que ahí están y que la misma historia los ha registrado.
Los últimos dos meses de este año, se han visto reprimidas tres escuelas normales rurales. Primero, la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Cañada Honda, Aguascalientes, al tratar de convertirla en mixta (hombres y mujeres), sin respetar los acuerdos previamente establecidos con el gobierno del estado; segundo, Tiripetío en el Estado de Michoacán, los estudiantes se manifestaban para pedir a las autoridades estatales el pago del adeudo de la beca estatal correspondiente a los meses de mayo y junio; tercero, Panotla, Tlaxcala; la disminución de la matrícula, nuevamente el gobierno estatal no respetó los acuerdos previamente establecidos.
Los motivos por los cuales han existido conflictos en las normales rurales han sido por exigir el derecho a una educación de igualdad y equidad para sus estudiantes que provienen de un extracto social diferente al de las Instituciones de Educación Superior; Marisol Silva menciona, que pese a que las políticas educativas son dirigidas a democratizar este bien público, el Sistema Educativo Mexicano, y el Estado, continúan excluyendo a jóvenes provenientes de sectores de pobreza, de hijos de padres campesinos, con pocas oportunidades para ingresar a una universidad, siendo las escuelas normales rurales, las únicas que brindan a estos jóvenes la oportunidad para acceder a una educación gratuita y mejorar su calidad de vida.
Desde su creación, las escuelas normales rurales han sufrido diversos cuestionamientos; sin embargo, su lucha constante se ha encontrado estrechamente relacionada con la consigna del derecho a la educación pública y la justicia social; además de lograr que se cumpla ese derecho en su dimensión de igualdad y equidad. La primera (igualdad), entendida como la distribución de los bienes sociales (educación) para todos en igual proporción; al lograr ésta, ingresa el segundo término, es decir, la existencia de una equidad, que no hace distinción o diferencias de la procedencia de los sujetos.
Lo anterior, es el deber ser de una justicia en la educación, aunque no es lo que sucede, siempre existe una diferencia que Rawls denomina principio de diferencias que justifica las desigualdades; es decir, toda vez que considera que son justas si producen beneficios compensatorios para todos, en particular, para quienes están en mayor desventaja, se entiende que al centrarse en una minoría, solo ésta resulta beneficiada. Situación que según Pablo Latapí, sólo justifica las desigualdades, mismas que aluden al análisis sobre los principales principios propuestos por “la proporcionalidad solidaria”, en la que se debe permear la ética y la moral por el bien común, obligando a la solidaridad con los demás, dando como resultado la justicia y, por ende, la igualdad de oportunidades; en este caso, al desarrollar un compromiso social, y la generación de igualdad en la posesión de todos los bienes primarios básicos; ideales por el que las normales rurales han luchado desde su creación.
Las normales rurales han buscado que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, que se entiende como una distribución de los recursos (insumos) en beneficio de todos, sin pretender satisfacer las preferencias de cada individuo y cada grupo social, sin dejar de lado la observación sobre una verdad proporcionada por la historia, en la que este aspecto, se forma como una situación hipotética o utópica, obstaculizada por prejuicios basados en la razón de que todo ser humano es diferente, no sólo fisiológicamente, sino también en carácter y pensamiento, que le dotan de virtudes y defectos; ante ello, la justicia radica en los valores sociales de libertad, oportunidad, ingresos y riqueza, sentando las bases sociales del autorespeto que, distribuidas equitativamente, permiten la adquisición de beneficios justos, aun cuando en diversas ocasiones, esta distribución sea desigual en alguno de todos estos valores y no convenga para todos. Es por eso que las normales rurales buscan y luchan por revertir las desigualdades desde la conciencia social.
En conclusión, el normalismo rural requiere por parte de las autoridades, de una política que abandone el planteamiento sobre la obsolescencia de estas instituciones, a través del reconocimiento de la existencia en el país de zonas rurales, un campo olvidado por la política del Estado en pleno siglo XXI; una atención con objetivos emergidos de las conceptualizaciones que se han descrito: la igualdad, la equidad y el derecho a la educación.
*Licenciado en Educación Primaria, egresado por la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de Tenería, Estado de México. Maestro en Educación con Orientación en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México. Actualmente académico por la Normal Superior del Valle de México, Nezahualcóyotl, Estado de México.
