El lunes 17 de julio, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores de los 31 estados concluyeron con las auditorías a la nómina educativa. Un asunto de primera importancia, pero que pasó —casi— desapercibido en la prensa y los medios.
Es un paso más de la reforma administrativa y laboral en el sector educativo; no corona al centralismo, pero lo apuntala. Y, lo expongo con franqueza, para bien del país. Es un golpe más al corporativismo sindical y la complicidad de los gobiernos estatales, tal vez forzada por la tecnología del poder que utilizó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuando estaba bajo el dominio de Elba Esther Gordillo.
Buena parte de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores ya no tienen las ataduras que les impuso el poder del SNTE, fueron electos después de 2013. Pero, de cualquier manera, toleraban la existencia de comisionados, aviadores y otras plazas irregulares. El lunes, Aurelio Nuño expresó, con cierto aire de contento, que el procedimiento tomó: “Un año en donde hicimos una comparación, escuela por escuela, respecto al número de maestros que se pagaban en la nómina educativa, frente al número de maestros que realmente estaban en las escuelas. Y este fue un proceso… que hicimos juntos el gobierno federal y los gobiernos estatales… después de hacer esta compulsa… encontramos que hay 44 mil 76 plazas que se pagaban y que no estaban en la escuela… por un valor cercano a los 55 mil millones de pesos” (anuales, me imagino). Dada la tradición de la doble plaza, calculo que las tenían unas 30 mil personas.
El secretario desglosó cuál era el destino de las plazas: 17 mil 262 comisionados sindicales, 14 mil 900 en funciones administrativas, mil 361 dados de baja —pero seguían cobrando— y diez mil 553 no fueron localizadas.
El secretario de Educación Pública aseguró que es un proceso histórico y reconoció la participación de los gobernadores y jefes de dependencias de educación de los estados para dar golpes a la corrupción. No lo expresó, pero también es otro empellón a las dirigencias de las facciones sindicales —les quita comisionados y aviadores— y a los gobiernos estatales, que tuvieron que aceptar jugar con nuevas reglas.
La auditoría de plazas es un efecto más de la estrategia que comenzó con el pacto por México, continuó con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial y la recentralización del pago de la nómina. Observo tres secuelas del uso de esa tecnología del poder, una política, otra administrativa y la tercera en las finanzas.
Primera, exacerba el centralismo. La Secretaría de Educación Pública concentra cada vez más funciones en la conducción política del sistema escolar. No recupera la rectoría de la educación —todavía—, pero es un sendero que abona a centrar la dialéctica del control en una sola dependencia. Los gobernadores representan papeles cada vez menos protagónicos; ya nada tienen que ver con los docentes federalizados (los que el gobierno central les transfirió con el Acuerdo de 1992) ni con el control político de las escuelas en sus territorios.
Segunda. La SEP les retira a los gobiernos estatales casi 15 mil maestros que se desempañaban como burócratas. Era un subsidio que se había institucionalizado fuera de toda norma. Ciertos gobiernos tendrán problemas para mantener sus dependencias, otros no lo notarán, pues en casi todas las secretarías de educación de los estados hay personal de sobra.
Tercera. El ahorro de miles de millones de pesos otorga más atribuciones a la SEP. Ahora la pugna vendrá para que la Secretaría de Hacienda y el Congreso federal no quieran quitarle esos fondos a la educación.
El conjunto de acciones que desarrolla la SEP, tanto en el plano laboral como en el educativo en sentido estricto y las formas de ejecutar los planes, muestran que el gobierno estableció una estrategia de cambio institucional “incrementalista”, que desespera a los impacientes. A pesar de la oposición beligerante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la posición taimada de las otras corrientes del SNTE, la desgana de muchos gobernadores —pierden prerrogativas, la mayoría no se opone, pero tampoco aporta mucho— y las críticas de académicos y periodistas, la Reforma Educativa se consolida y avanza.
¡Falta saber hasta dónde llegará en lo que resta del sexenio!
