Hace cinco años escribí una nota con motivo de los primeros diez años del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). En ese momento me preguntaba lo mismo que ahora formulo: ¿Y hacia adelante, qué? Entonces señalaba que una situación ideal para el INEE sería la de un Instituto con autonomía, con recursos suficientes y reconocimiento sobre su seriedad y compromiso. Por lo que sin duda me complació que en 2013, en el marco de la reforma educativa, se le confiriese el carácter de organismo constitucional autónomo.
Era necesario fortalecer su papel técnico, su independencia y su rol como agente del Estado responsable de la evaluación educativa. Desde sus primeros años este Instituto mostró que era posible aspirar a una evaluación rigurosa, significativa e identificando la utilidad de la información evaluativa para aclarar los problemas del sistema educativo. Con ello puso sobre la mesa el valor de la evaluación, incluyendo sus complejidades.
La reforma constitucional de 2013, propuesta por el presidente Peña Nieto, introdujo cambios de gran magnitud en relación con el sistema educativo al explicitar que la educación ha de ser de calidad. Además estableció una función —la evaluación— y un mecanismo —el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE)— como garantes del derecho a la educación de calidad; otorgando al INEE autonomía constitucional y el estatus de coordinador del SNEE.
Pero, ¿qué significa ser autónomo? Además de reflejar la capacidad de “darse un gobierno a sí mismo”, involucra la capacidad para definir las normas que dan contenido a la tarea que le fue encomendada: la evaluación educativa. Involucra también que la evaluación de la educación es ahora una función del Estado y no de un gobierno en particular, rompiendo con la relación de subordinación y dependencia anterior al Poder Ejecutivo. La calidad y el rigor técnico que debe privar en las evaluaciones realizadas por el Instituto debe ser un referente fundamental para todas las demás evaluaciones que se realicen en el país. Porque también las autoridades educativas —federal y locales— realizan evaluaciones, aunque el INEE sea la autoridad en la materia.
Por ejemplo, las evaluaciones del Servicio Profesional Docente son responsabilidad y atribución de las autoridades educativas y el rol del INEE es normativo: ser garante de la calidad del diseño, desarrollo, aplicación y calificación de dichas evaluaciones. Hoy tiene el INEE autonomía y recursos, total independencia y ha construido una capacidad de coordinación con las autoridades educativas. Pero vale reconocer que hay tareas pendientes y otras más en ciernes.¿Cómo mejorar la pertinencia y oportunidad de las evaluaciones del sistema educativo?, ¿cómo aportar mejores elementos a la toma de decisiones?, ¿cómo contribuir a disminuir las enormes brechas de equidad, calidad y pertinencia de nuestra educación? En un escenario donde tanto la calidad de la educación como la información son derechos reconocidos, informar y formar para el ejercicio de todos los derechos resultan tareas ineludibles pero retadoras en el momento que nos ha tocado vivir.
Sin aspavientos, sin estas ni triunfalismos, enhorabuena por estos quince años del INEE. Desde sus primeros cuatro años y medio de autonomía, los mejores deseos por un futuro capaz de enriquecer las decisiones públicas y por que siempre mantenga presente que la evaluación es solo un medio, nunca un fin. Su valor está en velar por el derecho a una educación de calidad para todos.
