En días pasados, tuve la oportunidad de compartir algunas experiencias educativas con maestros y maestras del nivel básico de enseñanza de la entidad tlaxcalteca. En todos estos momentos, pude recoger sus inquietudes, angustias, expectativas, enseñanzas y aprendizajes. Sin duda, este tipo de acercamientos, me han permitido comprender un poquito más, lo que los docentes viven a diario en sus salones de clase y en sus escuelas. No obstante, un tema que salió a relucir, fue el de las cuotas escolares.
Tema harto polémico que ha causado molestia e indignación a los padres de familia; incertidumbre a los directivos escolares; inseguridad a los profesores de los alumnos; y, escasa claridad a las autoridades educativas en cuanto a la aplicación de una ley que, por más que se diga lo contrario, es ambigua. Me explico.
Un director, en un pequeño receso que tuvimos – dado el curso que estaba impartiendo –, me compartió alguna información relacionada con este tema. En sus palabras, pude percibir esa incertidumbre y desazón que refiero. Pues bien, se trato una de las experiencias “amargas” que había tenido, y que se suscitó en alguna de las escuelas en las que había desempeñado el mismo cargo. Me dijo: mire maestro, el tema es difícil de comprender porque las mismas leyes no son claras. Me pasó que en una escuela en la que laboré hace poco tiempo, la presidenta del comité de padres de familia, cuando concluyó el ciclo escolar, no rindió su informe; es más, su hijo egresó del sexto año y, por lo que pude saber por los otros padres de familia, la señora se regresó a su ciudad natal, llevándose una cantidad que oscilaba entre los 170 mil o 180 mil pesos. Como es lógico, acudí a las instancias legales para levantar la denuncia correspondiente, y la respuesta que obtuve fue irrisoria, porque me dijeron que al ser ésta una aportación voluntaria por parte de los padres de familia, mi denuncia no podía ser querella, dado que no había delito que perseguir. Después de esta respuesta, y de obtener una respuesta similar en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la verdad de las cosas es que poco se puede hacer al respecto. Los directivos y maestros quedamos como los malos del cuento, y la señora… bien gracias.
Palabras más, palabras menos. Fue el comentario que le escuché al maestro, y a quien le agradezco el que me haya dado la oportunidad de compartirlo con usted, mi apreciable lector.
Como podemos darnos cuenta. Éste, es uno de tantos casos que no sólo se presentan en mi querido estado de Tlaxcala sino en toda la República Mexicana. La idea y el conocimiento que tengo en la materia, me han permitido precisamente, compartir algunas reflexiones en torno a un tema, insisto, polémico. Y es que mire usted, como seguramente habrá podido observar, cada año, cada que inicia un nuevo ciclo escolar, la SEP difunde a los cuatro vientos, que la educación que imparte el Estado es gratuita. Gratuita en el entendido de que sus usuarios, no tienen por qué pagar el servicio que el mismo Estado brinda a sus habitantes. Sin embargo, dadas las modificaciones legales y circunstancias sociales, políticas y económicas por las que atravesamos y atraviesa el país, la ley como tal, se ha visto modificada en más de una ocasión.
La gratuidad sigue manteniendo ese principio: ningún mexicano tendría que pagar por un servicio, como el educativo, siempre y cuando éste sea público o bien, que el mismo mexicano quiera pagarlo. Lo malo del asunto es que, como sabemos, toda norma es sujeta a interpretación, y ciertas costumbres, llegan a convertirse en norma y, como tales, se asumen en cada una de las escuelas públicas que conforman el Sistema Educativo Mexicano (SEM). De ahí que pueda entenderse la “obligatoriedad” de las cuotas escolares en cada una de esas escuelas; de ahí que puedan entenderse, las múltiples problemáticas que de este hecho se desprenden.
Si una cuota escolar es voluntaria, ¿por qué se fija una cantidad que deben cubrir los padres de familia para que sus hijos sean inscritos? Se dice que ese recurso debe destinarse para infraestructura y/o mantenimiento del edificio público, entonces, ¿cuál es el papel del estado con relación a este rubro? Se afirma que debe haber y hay transparencia en el uso de los recursos que ingresan por cuotas escolares, ¿qué ley, norma o reglamento, asegura esa transparencia económica?
Tengo claro que como mexicano, ciudadano y padre de familia, tengo que asumir un compromiso con la educación de mis hijos, de mi estado y de mi país, pero ¿cuándo asumirá el mismo compromiso la SEP y el Estado Mexicano?
Señores diputados, pero esos buenos diputados, no aquellos que afirman que las cuotas escolares son necesarias pero no obligatorias, les invito a legislar sobre este asunto. Cierto, hace falta crear más leyes que permitan transparentar el uso de los recursos, pero también, de hacer valer su condición para que las Secretarías de Educación en los estados, hagan su trabajo, pero su trabajo en serio. Señores Secretarios o Secretarias de Educación, hace falta que se tomen un momentito de su tiempo para que recorran las escuelas y platiquen con los directivos y maestros a fin de que conozcan las problemáticas que este tema encierra. Conocer las realidades que enfrentan estos actores educativos, les permitirá tomar las decisiones más idóneas para que dicho problema se atienda desde el ámbito de su competencia, y no suceda lo que hasta el momento sucede: el que se laven las manos y digan, ese asunto no es mío y por ello, yo no le entro.
En fin, como siempre digo, tiempo al tiempo.
