¡Cuando la tierra tiembla, Dios habla! Dice una conseja extraída de la Biblia. “El poder de las fuerzas de la naturaleza es abrumador e imparable. Una de estas fuerzas naturales es la de la propia tierra”. Apunta una guía didáctica del Museo de la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia, España.
Estas dos posturas encontradas coinciden en un punto, los terremotos producen dramas, pérdidas de vidas, daños materiales que, en conjunto, provocan infortunios humanos y trastocan la vida de las comunidades. El terremoto del pasado 7 de septiembre, en contrapartida, también muestra la solidaridad que surge entre la ciudadanía —no toda, el egoísmo aleja a muchos de la vida comunitaria— y compele a las autoridades a actuar, no nada más a hacer declaraciones.
El sismo fue devastador, los 8.2 grados en la escala de Richter suscitaron espanto entre la gente, el pavor no distinguió clases sociales, aunque —como siempre— los pobres son quienes más sufren. Las regiones más dañadas, alrededor del Istmo de Tehuantepec, también se caracterizan por el abandono, la miseria circundante y la corrupción de autoridades locales y federales.
Los daños en esa zona contrastan con el saldo blanco de la Ciudad de México donde, es factible suponer, el terremoto de 1985 arrojó lecciones y se buscaron soluciones. Parece que los protocolos de protección civil funcionaron y que las normas de construcción (con muchas salvedades, por supuesto) se respetan. No así en las regiones del sur, donde prácticas clientelares, disfrazadas de costumbres comunales, se oponen al progreso material, espantan las inversiones. Sólo el gobierno federal invierte y también lo envuelve el manto de la corrupción. Ergo, la naturaleza causó daños, donde la prevención no funciona.
Tal vez, quienes más sufren los traumas de la fuerza de la naturaleza son los niños pobres, como señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que envió una Misión de Evaluación Rápida a las zonas más afectadas de Oaxaca y Chiapas. Su diagnóstico es un retrato de la desgracia: “Son niños, niñas o adolescentes cuyos hogares y escuelas ya no existen, que viven en la incertidumbre de no saber dónde van a vivir o estudiar, y que constantemente sienten el suelo temblar bajo sus pies, debido a réplicas sísmicas”, señaló Christian Skoog, representante de la Unicef en México (La Jornada, 15/9/17).
Esta vez, hay que reconocerlo, el gobierno actuó con rapidez y coordinación. Efectivos del Ejército, la Armada y la Policía Federal trabajaron hombro con hombro en las tareas de rescate. Muchos empleados de los diferentes órdenes de gobierno y estudiantes voluntarios participaron en las primeras tareas de reconstrucción. La ayuda es insuficiente, son muchos los damnificados y las vías de comunicación se laceraron, algunas colapsaron. El auxilio no llega a las zonas más apartadas y pobres.
Casi todo el mundo hizo su tarea, menos los maestros de la Sección 22 afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Oaxaca, no así sus congéneres de Chiapas que contribuyeron y se movilizaron para apoyar. Los de Oaxaca fueron fustigados en la prensa y las redes sociales y hasta provocaron una declaración del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, porque no permitía que los estudiantes voluntarios hicieran la primera evaluación de daños en las escuelas.
Las actitudes de los militantes de la Coordinadora abonan a su desprestigio. Esta vez incitaron el enojo de personas que los exhibieron y algunos hasta los insultaban. Fue un error garrafal. No sólo no mostraron solidaridad, sino que —a la vista de mucha gente— bloqueaban el trabajo de las autoridades.
No fue la palabra de Dios, fue la mezquindad de unos lo que causó más daño.
