Poco puede quedar de duda sobre el aspecto prioritario que tiene en nuestro país la generación de una ruta que nos permita encauzar la mayor cantidad de recursos económicos y humanos que no sea para la reconstrucción nacional después de los sucesos de los temblores que se dieron en nuestro país los días 7 y 19 de septiembre.
A pesar de la gran suma de esfuerzos desde la sociedad civil en donde el gobierno en cualquiera de sus niveles ha quedado superado, se requiere de continuar con el esfuerzo solidario para que no quede solamente en el momento en que se han dado los acontecimientos, sino que, podamos brindar el mayor acompañamiento solidario ahora que se necesita para la gente que se encuentra en situación de calle con grandes problemáticas que juntos debemos enfrentar.
Una de las grandes exigencias ciudadanas que tienen que ver con dichos acontecimientos, tiene que ver con la necesidad de que, desde el gobierno, los partidos políticos y las instituciones que de ellos se desprenden, se encaucen los recursos hacia lo que ahora ha surgido como prioritario en el ámbito nacional.
Independientemente de las propuestas a modo de competencia que han surgido desde las voces de los partidos políticos, unos con voluntad y otros desde le fantasía de los tiempos electorales, la ciudadanía exige que se reoriente el presupuesto para que aquellos recursos que son destinados a programas no prioritarios, se dirijan a la reconstrucción nacional.
Además de ello, es preciso que la clase política aprenda que se necesita no mentir a la ciudadanía cuando se dice que un recurso está destinado para alguna obra social y, finalmente, resulta utilizado en algo completamente inútil y en beneficio solamente de los gobernantes y no de la ciudadanía.
Caso claro es la información que se obtiene del análisis de la cuenta de la Hacienda Pública Federal en donde se desprende que más de 15.5 billones (millones de millones) de pesos aprobados entre los años 2013 y 2016, 2.8 billones fueron gastados en rubros diferentes a los asignados, es decir, desviados de su destino original.
Para poner algunos ejemplos concretos, en la Secretaría de Salud (SS), para el Instituto de cancerología, se aprobaron 1,607 millones, se le quitaron 200 millones, caso contrario, se aprobó para comunicación social un presupuesto de 72.4 millones, ejerciendo finalmente 1,543 millones.
Otro ejemplo claro, es en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde, para comunicación social se autorizaron 76.7 millones y, finalmente ejercieron 1,082 millones de pesos, mientras que, quienes vivimos en el ámbito educativo, observamos recortes en áreas tan básicas como Escuelas de Tiempo Completo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) o en las becas de manutención para estudiantes de educación superior.
Es claro el punto en cuestión, mientras el gobierno pueda y quiera seguir destinando los recursos que, aunque sean o no aprobados por el Congreso de la Unión a su libre albedrío, jamás podremos tener la realidad de país que deseamos y tendremos que estar observando a cada momento en la radio y televisión anuncios y comerciales pagados con recursos que no fueron autorizados para ello.
