En Mexicanos Primero hemos sostenido que el principal instrumento de la política pública es el gasto. No es el único instrumento, pero justamente como tal, como herramienta y no como contenido de las tareas del gobierno, es su condición de posibilidad fundamental. No hay política pública, sino planes y programas fallidos si no hay fondeo adecuado y oportuno. La Constitución y las leyes pueden marcar mandatos inspiradores, pero el desmentido que le impone un gasto público insuficiente, ineficiente o capturado es más devastador que cualquier objeción discursiva. ¿Dices que te importa, que es una gran reforma? Por sus frutos se conocerá. Pero ¿cómo va a tener frutos una acción a cargo de las agencias del Estado, si no se pone el dinero en los procesos clave?
Si ya cualquier gasto público debe seguir los principios del Artículo 134 constitucional –legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez- en el caso del gasto educativo la expectativa de los ciudadanos debe ser llevada a la enésima potencia: el gasto educativo debe cuidarse en extremo, porque es una inversión, la inversión más relevante que hace una sociedad a través de su gobierno. Tenemos que gastar bien en educación, pues si cumple su propósito, la educación pública es el principal mecanismo de equidad en el ingreso posterior, el máximo potenciador de la contribución fiscal futura, el fundamento para el ejercicio de los demás derechos. Debemos aún luchar para que el “gasto por alumno” un día sea de verdad “gasto en el alumno”; por décadas el presupuesto educativo, y peor aún, su ejercicio real han reflejado un reparto de dineros entre adultos. Como argumentamos en Mal(Gasto), nuestro estudio sobre presupuesto y gasto educativo: hay que aprender a gastar, para auténticamente gastar en aprender.
¿Cómo pinta el presupuesto del año venidero para las tareas educativas? De pronóstico reservado. Algunos botones (en rojo, hay que decirlo): el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 no ha recuperado el impacto de los recortes de 2015; tiene, en términos reales, un decrecimiento de 2.6% del aprobado en 2014. Para la formación continua de los maestros –a través del programa específico para ello, el PRODEP- se prevé para 2018 una inversión de 798 pesos anuales por maestro. ¿En serio? Como ya hemos reiterado en foros públicos, el sistema de evaluación docente es un dispositivo muy costoso, que aún requiere ajustes, pero su contraparte obligada por ley, la formación docente, está precarizada con una inversión ofensivamente baja. La discrepancia entre evaluación y formación es paralela a tener un costoso sistema de diagnóstico (por ejemplo, un tomógrafo computarizado con 26 puntos de verificación) pero un empobrecido y decepcionante sistema de tratamiento (como si al final de los análisis te dieran un curita). Los estados de la Federación deben complementar con sus propios fondos, pero eso significa que corremos un riesgo de la más grosera inequidad en la inversión para que los maestros sigan creciendo como educadores profesionales.
El gasto en servicios personales –sueldos y salarios- centralizado en el FONE, aún a finales de 2017 arrastra las taras del arreglo corporativo: 33 mil plazas docentes, en este año, siguieron ocupadas en centros ADG, de tareas administrativas. Con lo que vamos a gastar en 2018, ¿podemos confiar en que ya no se usarán para lo que no fueron aprobadas, y también que cesó definitivamente el pago a las 44 mil cuentas que la SEP descubrió –cuando lo señalamos desde la investigación de sociedad civil, frecuentemente la recepción fue hostil e inconsiderada- que se cobraban fuera de la normativa? Por cierto, ya que la SEP federal descubrió ese pago ilegal, ¿ya hizo las denuncias administrativas y/o penales correspondientes? ¿hay conciencia del posible ilícito que representa la entrega de esos recursos públicos y ya se fincaron responsabilidades, no sólo para quien los recibió, sino para quien los autorizó por negligencia, o peor a sabiendas y con complicidad?
Más botones de alarma: ¿por qué hay un crecimiento de 17.1% en el número de plazas administrativas entre el 1º y 2º trimestre de 2017? ¿Se puede confirmar que este crecimiento no está vinculado con la readscripción de comisionados –que estaban en centros AGS, el personal asignado con pago a tareas sindicales- ahora a centros administrativos? ¿Y en el FONE presupuestado para 2018 ya los podemos dar por superados?
En el Proyecto de Presupuesto no encontramos reflejada la inversión necesaria para la implementación del cambio de planes y programas de estudio que debe generalizarse para agosto de 2018 ¿No cuesta nada? ¿O de qué partida saldrá? ¿Y los fondos para las nuevas asignaturas de Autonomía Curricular, sus materiales y libros? ¿Por qué en el presupuesto no se puede identificar el pago de las tutorías destinadas a los jóvenes maestros que ganaron su nombramiento inicial en los concursos de selección? ¿Hay dinero para la adición a los 150 mil maestros y directivos a evaluar en desempeño, y que a resultas del temblor pueden elegir posponer la evaluación que les tocaba en estas fechas?
Muchas preguntas. Buscaremos respuestas, máxime que debemos redoblar la atención para que las millonadas anunciadas para la reconstrucción de las escuelas y la inversión en espacios temporales de aprendizaje sea suficiente y equitativa. Y que nuestros niños aprendan, porque para eso sirve la inversión.
