El problema de México en este siglo es el desprestigio acumulado de las instituciones políticas y más de los actores que las administran. La corrupción pervierte las mejores propuestas y hasta aquellas que encierran fines “nobles”, las cubre el riesgo de regresar a la indecencia. La Reforma Educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto es un intento de mediar entre los reclamos sociales —que por lo general se presentan en forma abstracta— con las políticas que ofrecen respuestas concretas, aunque, en su ejecución, se afecten intereses de ciertos grupos.
Jorge Javier Romero (“Frente al abismo educativo”, Letras Libres, 229, enero de 2018) destaca que hace seis años la coincidencia de organizaciones civiles reclamaba la evaluación integral del sistema educativo y la profesionalización de los maestros. El fin: liberarlos del yugo del sindicato corporativo. Arguye que, entre 2010 y 2012, fue posible el consenso entre grupos que iban desde el entorno empresarial al activismo de centro-izquierda, incluidas corrientes de influencia católica. Mexicanos Primero puso la atención en el desempeño de las escuelas y los profesores. La evaluación se convirtió en el objetivo del cambio posible. La Coalición Ciudadana por la Educación (de orientación centro-izquierda) plantó el acento en la necesidad de cambiar los incentivos de los profesores para que dejaran de ser sindicales y políticos. Querían que los maestros se convirtieran en profesionales y académicos. Esta coalición logró colocar en el centro la creación del servicio profesional docente.
Los partidos que firmaron el Pacto por México acogieron las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“elevar la calidad para obtener mejores resultados en pruebas internacionales como PISA”) y la exigencia de organizaciones sociales. No sólo fue una iniciativa gubernamental, aunque el gobierno se echó a cuestas la encomienda.
Es aquí donde entran los incentivos que ejerce la Secretaría de Educación Pública para lograr los propósitos de cambio expresos en la enmienda constitucional y las nuevas leyes de 2013. La Reforma Educativa premia el mérito, por lo que se podría generar conocimiento, comportamiento y aptitud necesaria para formar un profesional de la educación. Pero el cambio no es automático ni de la manera esperada. Como se vio en estos años, los grupos sindicales negociaron o desconocieron las nuevas normas para mantener sus intereses.
El problema conceptual, que se transformó en político, es que la SEP —tal vez bajo la influencia de la OCDE— concibió que la única forma de medir el mérito era mediante evaluaciones estandarizadas. Si bien arrebató al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sus facciones el control de la Carrera Magisterial —que premiaba el compadrazgo y la fidelidad a los líderes, por un mecanismo más transparente—, no supo o no pudo darle al nuevo incentivo un atractivo simbólico de raigambre magisterial.
Por ejemplo, ninguna dependencia de la SEP persevera en explicar y comunicar a los docentes los beneficios del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica. Desde el título —rebuscado y extenso— hasta los contenidos suenan ajenos a los maestros. Los procesos de asignación, si bien parecen equitativos, se expresan con un lenguaje artificioso y burocrático.
He platicado con maestros que me dicen que el procedimiento es tortuoso, los trámites lentos, las instrucciones para llenar los formatos son lóbregas y que les provoca güeva leer las reglas que estableció la SEP. Además, me aseguran que en varios estados las interpretan según los intereses de los líderes sindicales y las autoridades locales.
Parece mentira, pero algunos prefieren el mecanismo de la Carrera Magisterial, a pesar de que estaba cargado de corrupción y clientelismo. Pero los maestros conocían las reglas y se comportaban de acuerdo con ellas. La SEP no ha podido comunicar la “bondad” de los nuevos cánones. Los dirigentes sindicales, en especial los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, persisten en sus propósitos y aspiran a controlar el nuevo esquema de incentivos a los docentes.
Lo que tenemos hoy es una tensión entre el marco institucional emanado de la Reforma Educativa y los fines e intereses de las organizaciones sindicales. Los maestros, los actores principales, son el núcleo de dicha tirantez, mientras pocos enarbolan las demandas de la sociedad.
