Para el Profesor Esteban Flores, que con su cuestionamiento nos invita a ser más efectivos
Aprender es mi derecho y el de todos, de manera que estamos ante una sociedad en extremo bárbara cuando se desdeña o no se protege con vigor la educación de todas y todos, desde la más tierna edad. No puede tampoco darnos una falsa tranquilidad que existan leyes y decretos; puede que se hayan promulgado muy bonitas leyes de educación, inspiradoras y coherentes a su interior, pero saber que se incumplen sin remedio ni defensa puede ser muy decepcionante.
En Mexicanos Primero aprendimos, sobre la marcha, que tenemos que corregir nuestras posturas y atenernos a la evidencia. Ser congruentes ante un reto tan enorme y cambiante como la educación en México no admite superficialidad ni rigidez. Pronto nos dimos cuenta que las iniciativas de sociedad civil que no estudian ni publican, que no tienen fundadas sus demandas en el dato reciente y el argumento sólido, no llegan a mucho. Al máximo, sus acciones más conocidas serán reuniones de notables o congresos vistosos, en las que la autoridad educativa los deslumbrará (o apabullará, si los titulares son verticales y autoritarios), y en los que se repetirán lugares comunes y aspiraciones vagas.
Llegó un momento en el que nos dimos cuenta que incluso nuestras propuestas para ajustar la legislación vigente, ventiladas en discusiones públicas y abiertas con diputados y senadores, lograban en ocasiones aterrizar en cambios al texto, y aún así no haber tocado la realidad cotidiana de niñas y niños.
Una tarde luminosa, en el estudio de Pablo Latapí, le prometí que haríamos nuestro mejor esfuerzo para que el derecho a la educación fuera “exigible y justiciable”, como dejó escrito en un artículo de la Revista Mexicana de Investigación Educativa (núm 40, ene-mar 2009). Nos propusimos que el derecho sirviera a la justicia, como es su vocación. Lo que tiene que lograr un proceso judicial es que el orden de la libertad se imponga al orden del poder. Lo típico y previsible es que el abusivo quede impune, el omiso sin obligación, el ladrón sin devolución. La maravilla civilizatoria de los procesos judiciales es que la consecuencia de un acto, interferida por la potencia –la prepotencia- , se reconduzca a su trayectoria y entonces se imponga la consecuencia prevista por la ley, el cumplimiento del mandato, la restitución del derecho que haya sido violado.
Así, hace cinco años echamos a andar “Aprender Primero”, la dimensión jurídica de Mexicanos Primero. Está registrada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presenta obligatoriamente un informe anual ante el Consejo de la Judicatura Federal. Volcados al modo de batalla para defender el derecho, Aprender Primero es todo Mexicanos Primero, además de 18 despachos de abogados que nos apoyan pro-bono; es la primera organización del país a la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el interés legítimo para defender el derecho a la educación.
Con Aprender Primero niños en la Ciudad de México recibieron los maestros idóneos como titulares de sus grupos; un juez de distrito obligó al titular de la SEP a reponer los procesos de evaluación; la Auditoría Superior de la Federación ha hecho recuperaciones históricas, de miles de millones de pesos, del dinero que ilegalmente los estados desviaron de fondos federales para otras tareas, dádivas al sindicato o pagos indebidos a aviadores; una secundaria en la sierra de Guerrero tiene ahora sus primeras construcciones de cemento, muy distinta a la “escuela de palitos” en la que las familias de 68 alumnos iniciaron con nosotros la primera acción colectiva en ese estado. Las historias son muchas: maestros de Tlaxcala a quienes se había negado el orden de prelación de su promoción, hoy tienen sus cargos ganados por mérito. Una hermosa chiquita, con Síndrome de Down y de identidad étnica específica, a quien negaban su inscripción porque “las primarias indígenas no pueden atender a personas con necesidades educativas especiales” va hoy a la escuela con su asistente educativo, y se está revisando la política nacional al respecto. La PGR tiene las denuncias penales que nadie se atrevió, contra líderes de secciones en Oaxaca y Nayarit, dos caras de la misma corrupción. Estamos demandando a 12 diferentes autoridades educativas y penitenciarias porque a los adolescentes privados de su libertad la reclusión no les está dando una nueva oportunidad de vida, sino asegurándoles el rezago educativo. Se hace paso en tribunales que el derecho a aprender y el interés superior de la infancia exige restitución para quienes sufrieron ausencia de sus profesores en el aula.
Cinco años de defender el derecho con consecuencias, y apenas estamos empezando. La justicia y la educación se necesitan y se corresponden.
