El sexenio comenzó con una declaración de guerra contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE. Bajo la consigna de “recuperar la rectoría del Estado en educación”, se planteó una reforma que, en su origen, buscaba evitar el control sindical sobre la distribución de plazas y los sistemas de evaluación docente para ascenso escalafonario y asignación de estímulos en el programa de Carrera Magisterial.
A tal efecto se emprendieron reformas normativas y de organización tendientes a establecer procesos y prácticas de evaluación, con candados suficientes para evitar la presencia sindical en ellos. A esta lógica respondían la creación del Servicio Profesional Docente (SPD) y el relanzamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con carácter de órgano constitucional autónomo. Además, para evitar las prácticas de “doble negociación” desarrolladas a partir de la descentralización derivada del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el ANMEB de 1992, se estableció el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en reemplazo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que operaba desde 1998.
El SPD, contemplado en la ley que lo establece (Diario Oficial de la Federación, 11 de septiembre 2013), se definía como “el conjunto de actividades y mecanismos, para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente.” En noviembre del mismo año se decretó la creación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para “ejercer las atribuciones que corresponden a la SEP en materia del SPD”, en particular el diseño de los perfiles y requisitos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el SPD, así como la definición de parámetros e indicadores para dichos procesos. En los años siguientes se establecieron coordinaciones de nivel estatal para apoyar la implementación y administración de las distintas evaluaciones.
Al INEE autónomo le fue asignada la responsabilidad de definir los métodos e instrumentos de evaluación destinados a medir las capacidades y aptitudes de quienes aspiran a ingresar al magisterio, así como de quienes se proponen obtener el ascenso a cargos de dirección y de supervisión en los ámbitos de educación básica y media superior. Y también para evaluar el desempeño del magisterio en servicio. Por último, se contrataron servicios de diseño de instrumentos y materiales evaluativos con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C., el Ceneval. Desde entonces, este conglomerado institucional se ha hecho cargo, no sin tropiezos, de las múltiples evaluaciones docentes contempladas en ley.
El segundo bloque instrumental se deriva del FONE, contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal de diciembre de 2013 y puesto es operación a partir de enero de 2015. La recentralización de la nómina magisterial se pensaba, lograría el saneamiento financiero del sector educativo en los estados, al mismo tiempo que evitaría las constantes prácticas de negociación del SNTE con los gobiernos estatales para la obtención de beneficios adicionales. Dada la magnitud de los pasivos del FAEB hasta la fecha no se ha logrado un equilibrio sólido en la materia ni tampoco la erradicación de las prácticas de negociación bilateral con los gobiernos estatales. Es probable que, a largo plazo, de persistir esta política, se logren mejores resultados, pero también es un hecho que el respaldo político del sindicato a gobernadores y otras autoridades locales es un estímulo que impide lograr a cabalidad el objetivo de la política financiera en educación.
El 26 de febrero de 2013 fue detenida y arrestada Elba Esther Gordillo, entonces líder principal del SNTE. Permanecería en prisión hasta diciembre de 2017. Este hecho, con su carácter simbólico, provocó el retraimiento político de la dirección sindical, su abstención de críticas y acciones contundentes en contra de la política de evaluación docente, y abrió espacio para que el segmento radical del gremio, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, protagonizara la resistencia magisterial contra la SEP.
En manos del sindicato quedó, como legalmente corresponde, la gestión de prácticamente la totalidad de trámites y prestaciones. En este renglón, el poder de los representantes de escuela, el de los delegados, y el de los líderes seccionales quedó intacto, como también prevaleció, bajo el liderazgo heredado por Juan Díaz de la Torre, la estructura político-sindical en su conjunto. Sin confrontarse con la SEP y como respuesta a las iniciativas de evaluación docente, el sindicato se dio a la tarea de incidir sobre la formación continua del magisterio, de manera particular en apoyar a los profesores en la preparación para las evaluaciones de la SEP. A tal efecto se constituyó, en 2014, el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP) y se establecieron el Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino (2016) y el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano (2018).
En temas críticos de la evaluación del magisterio, como la indebida retroactividad de la nueva norma sobre permanencia en las plazas docentes; los límites de pertinencia y validez de los instrumentos de evaluación; la logística de implementación de los exámenes, y varios otros aspectos, la dirigencia sindical optó por un perfil bajo, y al cabo por legitimar la reforma normativa en prácticamente todos sus aspectos. El Partido Político Nueva Alianza (PANAL), que surgió bajo el cobijo del SNTE, si bien no se sumó a la firma del Pacto por México de 2012, sí votó favorablemente las iniciativas del paquete normativo para la Reforma Educativa, incluso Ley General del Servicio Profesional Docente (2013). El día que se aprobó esa pieza legislativa, con oposición de los legisladores de Movimiento Ciudadano, y de algunos representantes del PT y el PRD, el coordinador de la bancada PANAL, el diputado René Fujiwara Montelogo, declaró “el de hoy es un día de festejo para los maestros” (La Jornada, 2 de septiembre de 2013, pág. 3).
En la coyuntura electoral 2018, la realización del VII Congreso Nacional Extraordinario del SNTE (febrero 2018), la designación de Juan Díaz de la Torre como presidente del sindicato para los próximos seis años, y la aprobación de las reformas estatutarias propuestas, refleja, desde mi punto de vista, que la corriente que encabeza mantiene efectivo control sobre una amplia base magisterial. Ello no implica necesariamente que el SNTE vaya a pronunciarse, como organización, a favor o en contra de las formaciones políticas en la contienda. Lo que sí implica, más allá de las maniobras de aproximación del “elbismo” a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, o de las posiciones de rechazo de la CNTE contra la ratificación del grupo dominante en el sindicato, que la dirigencia magisterial autorizada será un interlocutor indispensable para los candidatos en la campaña por la presidencia. Esto es, antes y después de la jornada electoral.
