Wenceslao Vargas Márquez*
La reforma educativa es tema de debate. Por la coyuntura electoral los partidos políticos han decidido impulsar la idea de ponerle corchetes, incluso los partidos que la construyeron; ni unos ni otros formalizan un verdadero desafío a su viabilidad o a su existencia.
Resulta sorprendente que el partido político que la diseñó desde el Pacto por México, el PRI, en este caso el PRI veracruzano desde la legislatura radicada en Xalapa, haya decidido proponer eliminar lo que llamaron “sus dientes”. Recuérdese que sus más férreos defensores e impulsores pidieron que la reforma educativa “tuviese dientes”: la obligatoriedad de la evaluación o el cese. En la última semana de enero de 2018 la propuesta que se remitió a la Cámara de Diputados por parte el PRI jarocho (ala anarquista) fue eliminar de la Constitución la evaluación docente para efecto de permanencia. Nosotros, desde estos párrafos, tímidamente, por temor a perder el trabajo (temor extemporáneo), habíamos planteado a mediados de 2016 la propuesta de que la evaluación docente para la permanencia fuese voluntaria, pero el PRI (ala bolchevique) nos rebasó por la derecha. La iniciativa ha quedado hasta hoy en nada, como broma derivada del ocio, porque una reforma constitucional no es nada fácil en los tiempos revueltos de hoy.
El día 10 de febrero en Zacatecas, el izquierdista candidato presidencial puntero, le propuso al magisterio mexicano un temario a aplicar en materia educativa en caso de triunfo. Llama la atención el matiz que le pone al tema, llama la atención cómo acomoda sus propios corchetes porque ya no llama a la incendiaria desaparición de la reforma educativa sino a la pacífica reconversión de la Ley del Servicio Docente. Leamos primero el antecedente número 2 del documento de Zacatecas que menciona al Pacto por México y a la Constitución para que podamos comprender los acuerdos firmados:
“2) Dicho pacto concluyó con una reforma constitucional que definió procedimientos para el ingreso, la promoción y la evaluación del desempeño, la cual determinaría la permanencia en la plaza de base. La constitución señaló entonces que, en todos los casos, se respetarían los derechos laborales de los trabajadores de la educación”. Enseguida leamos el primer compromiso: “1.- Dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley General del Servicio Profesional Docente, que tal como la Constitución lo establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, de (sic) certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”.
Queda claro entonces que ya no se habla de desaparecer toda la reforma educativa sino apenas de modificar una ley secundaria, la ley docente. Es todo. Se añade en el punto 3: “Dentro de ese Proyecto de Ley, eliminar la evaluación punitiva, el cese de las persecuciones y amenazas a las maestras y maestros por sus convicciones y derechos. Una ruta justa para su permanente desarrollo profesional”. No se entiende cómo un proyecto de ley que sólo afecte la ley docente puede eliminar la evaluación punitiva cuando esto sólo puede lograrse con una reforma constitucional que no se menciona en ninguna parte del documento. Si no se aplica una reforma constitucional entonces estamos hablando de nada, y de nada estaría hablando el documento firmado y publicado el 10 de febrero (bit.ly/2EIr2bq).
El acuerdo número 5 de Zacatecas ofrece que habrá “recontratación inmediata de los maestros y maestras cesados por no aceptar una la evaluación punitiva”. Debe tenerse presente que no evaluarse no es el único motivo de cese derivados de la reforma. Otro motivo es el artículo 76 de la ley docente cuando se aplica arbitrariamente, fuera de contexto, como ocurrió con el autor de estos párrafos con la complicidad documentada por escrito, membrete y sellos de su representación sindical. El acuerdo 5 debería incluir el desistimiento de las secretarías de Educación de todos los estados en cualquier procedimiento legal que se haya implementado contra los docentes en cualquiera de los frentes legales que la reforma educativa creó contra el trabajador. Debe incluir también la libertad de los docentes presos que se equivocaron en su procedimiento al luchar y tienen en su contra causas penales. La visión de este acuerdo 5 debe ser mucho más amplia, muchísimo más amplia, y debe no olvidarse de dos o tres nombres propios que les podemos proporcionar para el caso.
Porque una cosa es la que se dice en el micrófono (“cancelaremos la reforma educativa”) y otra es la que se firma en documentos (“impulsaremos reformas a una ley secundaria”), a la propuesta encorchetada de Zacatecas ya la reprobaron algunos voceros de la CNTE y ya la aplaudió con júbilo Mexicanos Primero en un comunicado de dos cuartillas fechado el lunes 12 de febrero: “Reconocemos las precisiones”, “aplaudimos que el debate se dote de contenido”, etc.
El aplauso suyo es tan fuerte que, de haber estado presente en Zacatecas algún representante suyo habría estampado su verde firma (la tercera al calce del documento) sin ningún tipo de problema, sin ninguna clase de preocupación.
