Corremos el riesgo de pasar del entusiasmo fundacional a una visión demasiado optimista por parte de las autoridades mayores de educación, con números alegres y con frecuencia poco atenta a las críticas y divergencias, para luego caer en un tirón inverso en el péndulo; es decir, una evaluación muy negativa del proceso que siguió a la reforma constitucional y legal, que habla de agravio y de molestia, pero que puede desconocer la evidencia.
En “La Escuela que Queremos” (puede descargarse sin costo en www.mexicanosprimero.org), analizamos con datos oficiales y públicos, respaldados por solicitudes de información, los avances y los pendientes en 16 procesos de política pública, siguiendo lo que cambió en la realidad –y lo que no– a resultas de las adiciones y reformas del Artículo Tercero y su continuación en la Ley General de Educación, las dos nuevas leyes de observancia general, y los ajustes a las leyes estatales de las 32 entidades de la República.
En la obra sostenemos que, para pasar de los postulados de las leyes a la realidad de las aulas, además de los tres aspectos que expuse en el artículo anterior –mecanismos de participación y comunicación, completar el marco normativo y hacer accesible la información relevante y su uso– hay otros dos pendientes más que también son cruciales.
Uno es la presencia y desarrollo de capacidades para dar sustancia al compromiso. La clave de la transformación educativa, además de las propuestas hechas con solidez en su diagnóstico de arranque y metas de logro en su ejecución, están en el compromiso y la capacidad de los agentes de cambio. La actitud de esas personas –secretarios estatales, funcionarios intermedios, supervisores, directores, maestros, ATPs, miembros de los Consejos de Participación– es fundamental, pero dicho compromiso se queda sin substancia si no hay oportunidades de desarrollar sus capacidades técnicas.
Para la tarea educativa no todo es disposición e intuición; hay que respetar la lógica propia de la gestión educativa, que requiere de conocimiento experto, el cual no se improvisa ni tiene atajos. Los funcionarios educativos de cada periodo no pueden ser los alumnos que cuestan más caro al sistema educativo nacional, ni los nombramientos a esas tareas pueden tener como lógica la afinidad política y el reparto de un botín. Hay que ser tajantes: lo que es inaceptable entre maestros lo es igualmente entre funcionarios; el nombramiento debe traer méritos, conocimiento del sistema, independencia de lo gremial y lo político. Empujar las exigencias específicas de idoneidad de funcionarios será parte de las luchas próximas en materia educativa.
Otro pendiente es contar con los recursos necesarios para las transformaciones que marca la ley, lo que significa que para empezar estén claramente asignados, y para seguir, que sean ejercidos en forma honesta, oportuna, eficiente y transparente. Los recursos, especialmente la inversión de dinero, son el instrumento necesario de la política pública educativa, como hemos afirmado desde nuestro estudio (Mal)gasto. Hay que poner la bolsa donde se puso la boca. Si una propuesta de cambio en políticas públicas no tiene viabilidad financiera, entonces es una ilusión y probablemente una mentira. En el caso de la transformación educativa, hemos dejado perder oportunidades preciosas de mejora en esta etapa reciente porque no se previó el recurso necesario, porque se desvió o ejecutó con ineficiencia y negligencia.
Tres botones de muestra: a) No se previó pago suficiente para las tutorías de los profesores novatos, que se han hecho en forma tardía, intermitente e incompleta; b) No hay dinero asignado con toda claridad para los reconocimientos de promoción en la función, aumento de horas y reconocimiento de ingresos con lo alcanzado en Carrera Magisterial, lo que trajo la decepción y rechazo a otros procesos de reforma justo por parte de los mejores educadores profesionales del país; c) No se costeó la inversión para una formación dedicada, presencial y de aprendizaje entre pares para la apropiación por parte de los maestros del Modelo Educativo y menos para la dimensión socioemocional y el componente de Autonomía Curricular. Lo que más promete en lo pedagógico, lo propiamente educativo, está crónicamente subfinanciado.
Aquí está el reto a las autoridades actuales. Aquí también lo que han de solucionar los candidatos, y no alianzas gremiales o promesas de paja.
