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López Obrador y la educación ¿dos versiones o dos discursos?

Una es la contenida en la respuesta a “10 por la educación” (8 de mayo 2018), otra la del Encuentro Nacional con Maestros Democráticos (Guelatao, Oax., 12 de mayo 2018). Son distintas: la primera parece implicar la continuidad, en vertiente corregida y mejorada, de los instrumentos centrales de la reforma. Están presentes la implementación del Nuevo Modelo Educativo, la evaluación docente, el uso intensivo de tecnologías digitales, el involucramiento de los padres en el aprendizaje, la operación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), la continuidad de tareas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el enfoque de gobernanza escalonada a través de consejos sociales e institucionales, el diseño de proyectos de desarrollo en cada centro escolar, el énfasis en la enseñanza de inglés y tecnologías, entre otros aspectos. En esta versión se marcan, no obstante, diferencias importantes con el proceso de reforma de los últimos años: volver al federalismo, adecuar las pautas curriculares a las condiciones del entorno local, y fortalecer los procesos de formación inicial y continua del magisterio.

La segunda versión, la pronunciada por el candidato en Oaxaca, destaca iniciativas como la distribución de recursos para estudiantes con carencias económicas, la eliminación de la selectividad en las instituciones de educación superior, y sobre todo la “cancelación de la mal llamada reforma educativa”. Este último aspecto ha provocado polémica en los últimos días, y sobre todo dudas sobre la continuidad de la reforma si López Obrador logra la presidencia.

Parecen dos ofertas educativas distintas. En la primera prevalece un tono técnico, así como el planteamiento de alternativas de transición sin rupturas drásticas. La segunda contrasta por su carácter polémico, de distancia con las políticas educativas vigentes y con las ideas del resto de los candidatos. El “decálogo de Guelatao”, como se ha dado en llamar a las propuestas del encuentro con maestros, busca conectar con demandas del gremio magisterial disidente, y brindar respuesta a la problemática de la inequitativa distribución de oportunidades de acceso a los servicios educativos.

Pero, bien mirado el asunto, no son iniciativas contradictorias entre sí. Ni en las diez respuestas hay una aceptación acrítica de las posibilidades de la reforma, ni el decálogo de Guelatao anuncia la cancelación de todo el conjunto de transformaciones de organización, cambio curricular y prácticas de evaluación implantado en los últimos años. Pero ¿entonces cómo queda el posicionamiento, en materia educativa, del candidato con mayores posibilidades de victoria en la contienda del próximo primero de julio?

A mi juicio, es útil la diferencia entre promesas y propuestas. Las de Guelatao sin duda pertenecen al primer género: fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares; alimentación en todas las escuelas de educación básica de las zonas pobres y marginadas; becas para todos los estudiantes de media superior; becas de 2,400 pesos a los estudiantes de bajos recursos en el nivel superior; fortalecimiento de las normales y la UPN; un plan educativo para mejorar la calidad, en que se tome en cuenta a los maestros, padres de familia y expertos; respeto a la independencia y autonomía del magisterio; no más rechazados en las universidades y otras instituciones de educación superior; consideración a las propuestas educativas de cada entidad; impulso a la educación indígena; suspensión de las cuotas que pagan las familias para mantener las escuelas; inversión en infraestructura, e internet gratuita para todos. Promesas, mientras no se defina la ruta de acción para concretarlas, y se estime la suma de recursos requerida para ello.

En el mismo decálogo, la bomba: “Cancelar la mal llamada reforma educativa y hacer uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas de las que ha sido objeto el magisterio nacional.” Esta expresión, tiene un significado específico: cancelar la evaluación de desempeño para permanencia que es, a no dudarlo, la medida que ha generado el mayor malestar magisterial con la reforma. Pero no quiere decir, ni suprimir toda la evaluación docente en práctica, es decir los concursos para plazas y promociones, ni cancelar la implementación del Nuevo Modelo Educativo.

En cambio, el documento “10 preguntas por la educación 2018” remitido a la red de organizaciones Suma por la Educación, desarrolla un conjunto de propuestas para ser valoradas en términos de su factibilidad, pertinencia, alcance y posibilidades de incidencia sobre la calidad de la educación del país. Es cierto que, como se dijo al principio de esta columna, el documento evita plantear una ruptura inmediata con las políticas reformistas del régimen por concluir, lo que ha sido muy celebrado por los organizadores de la consulta aunque también parece desconcertarlos y se preguntan: ¿cuál es el planteamiento auténtico, el de Guelatao con los maestros, que sugiere cancelar “la mal llamada reforma” o las respuestas a su cuestionario? Diría que ni uno ni otro, la propuesta “auténtica” es la que habrá de elaborarse, en todo caso, en el periodo de transición y en durante la planeación sectorial. Mientras, son estrategias de campaña, para públicos diferentes, pero todos votantes.

Algo más, suponer que las respuestas al cuestionario aceptan la continuidad de la reforma es, cuando menos, una lectura apresurada, por no decir ingenua. Hay en ese documento propuestas que implican cambios de fondo con el actual estado de cosas, vale la pena revisarlas la próxima semana.

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