Estudiar los proyectos de nación, para el próximo sexenio, que proponen los partidos políticos es importante. Las campañas son estridentes, tienden a simplificar —sobre todo en una democracia de spots— y es preciso leer con detenimiento los textos en que las distintas formaciones políticas exponen su mirada al futuro, y las acciones que para ello consideran necesarias. Aunque se han conformado coaliciones, en cada una encontramos lo que se podría denominar un partido dominante en atención a su fuerza electoral.
En cuanto a la educación, sabemos más lo que piensan tanto el PRI como el PAN, pues han llevado a la práctica políticas específicas en el sector en los distintos periodos en que han gobernado al país. Importa, entonces, atender a lo que propone Morena en este rubro vital para el desarrollo del país. En noviembre de 2017, coordinado por Alfonso Romo, un grupo amplio de expertos, organizados en comisiones, dieron a conocer el Proyecto de Nación 2018-2024.
Consta de 461 páginas. De esa cantidad de cuartillas, 12 —sí, doce— se dedican al tema del Proyecto Educativo en educación básica y superior. Es de llamar la atención que, por la importancia del tema a lo largo de estos años, y su relevancia en cualquier perspectiva de acción política, el planteamiento de Morena al respecto signifique el 2.6% del total de cuartillas. Poco, pero quizá muy sustantivo. En la página 430 se vierten los resultados de la Comisión de Educación, Valores, Cultura y Ciencia, que fue coordinada por Laura Esquivel. Ya en la introducción se anuncia que, en materia educativa, se desarrollarán los temas de la educación básica y superior, la inclusión de jóvenes al sistema educativo, la cultura comunitaria, el bono educativo y la educación para todos. De nuevo, llama la atención el anuncio del asunto del “bono educativo”. ¿Será algo parecido a la política de vauchers que se ha llevado a cabo en otros países, en que el presupuesto público se reparte, de manera diferencial, entre los estudiantes de acuerdo a los resultados de un examen nacional, y cada uno lleva, a la institución que elige, ese comprobante, de tal manera que esa escuela obtiene su presupuesto en razón a la cantidad de alumnos que la prefieran? Es un sistema muy discutido, sobre todo porque genera, y ahonda, la desigualdad entre las ofertas institucionales. El lector espera que, al llegar a la sección correspondiente, se aclare la cuestión.
Al estudiar lo que se propone —en el rubro de educación básica y superior, insisto— el desconcierto no puede ser mayor: hay dos propuestas, ambas referidas a la educación superior. No sólo se ignora el nivel básico del sistema educativo, sino que la primera consiste en dotar de autonomía universitaria a las Instituciones de Educación Superior (IES) particulares, y la segunda a la necesidad de reconocer a las IES particulares que han alcanzado altos estándares de desempeño.
Se les elogia por su contribución a la atención a la demanda; se critica el control estatal que les implica contar con sistemas de incorporación a las IES públicas, o la necesidad de adquirir el Reconocimiento de Validez Oficial de los Estudios (RVOE) y, por ende, se argumenta que de este modo habrá (más) espacio para que los jóvenes estudien.
El tema se puede debatir, sin duda, pero la pobreza del planteamiento educativo, y el sesgo empresarial que emana de esa sección del Proyecto de Morena, son innegables. ¿Será resultado de la visión empresarial de quien coordina el volumen? ¿Tiene que ver con la cercanía que tiene con el sistema universitario Laureate, consorcio internacional de universidades con presencia en 29 países y que reúne a 950 mil alumnos? Quizá. ¿Se relacionará con los bonos? Tal vez. Urge una respuesta ante tal despropósito. Tanto por lo que omite como por lo que expresa.
