El reinado de tantos años de la agenda centrada en la calidad educativa (evaluación, transparencia y uso de evidencia en la formulación e instrumentación de la política educativa, entre otros) ha entrado en posición defensiva. Ello, a raíz de los pronunciamientos del candidato puntero a la presidencia en materia educativa, cuyo foco ha estado en el combate a la exclusión social y no en la calidad de los aprendizajes.
Sería gravísimo para los estudiantes y para el país en su conjunto que, como resultado del posible triunfo de AMLO, se fuera por la borda el tema de la calidad educativa. Olvidarlo en aras de conseguir votos y, sobre todo, sacrificar lo avanzado a fin de retribuirle su apoyo a la parte relevante del magisterio organizado, supondría un retroceso y un costo colectivo enorme.
¿Qué hacer para evitar que, en caso de que ganara López Obrador, quede totalmente marginado el tema de la calidad de la educación y se vaya al traste lo conseguido en los últimos años?
Algunos piensan que lo procedente es resistir a toda costa y seguir insistiendo en el recetario conocido (evaluaciones docentes, en particular). Respeto esa posición y pienso que es importante y útil que siga manifestándose con fuerza. Considero, sin embargo, que para fincar las bases de avances que redunden en mejores resultados educativos en un plazo razonable y que sean sostenibles en el mediano plazo, tenemos que construir consensos mucho más amplios en torno a una nueva agenda para la transformación educativa.
Esa agenda renovada debiera de empezar por hacerse cargo de la realidad mexicana. Muy en especial, de tres elementos. Primero, las brutales desigualdades sociales que nos caracterizan y los altísimos niveles de exclusión a los que están sometidos millones de niños y jóvenes mexicanos que “no escogieron bien a sus papás”, mismas que, con muchos otros elementos, han contribuido a nuestra crisis de inseguridad. Segundo, el papel central que, lamentablemente, aún tiene el magisterio organizado corporativa y clientelarmente en la gobernabilidad de un país, cuya institucionalidad democrática formal es endeble y en el que el ‘imperio de la ley’ es, en la práctica, papeleo abundante y exención selectiva del castigo para las élites afines o útiles a los gobernantes en turno. Tercero, la existencia de una economía que no genera empleo productivo suficiente para atender la demanda y que, por tanto, no ofrece las condiciones materiales para que puedan realizarse las ganancias –privadas y sociales– de la inversión –privada y pública– en la educación.
Para cambiar la educación, tenemos que empezar por reconocer la realidad del contexto en el que opera. A partir de ello, habría que plantearnos como objetivo fundamental el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, pero también, y con igual prioridad, la necesidad insoslayable de atender y darle cabida a los millones de jóvenes largamente excluidos de oportunidades efectivas en lo educativo y en lo laboral.
El aterrizaje de un planteamiento de este tipo en las aulas requerirá atender, simultáneamente, muchos frentes. El presupuestal; el de la coordinación entre el ámbito federal y el estatal; el de comenzar a construir esquemas capaces de reconciliar más acceso y permanencia, más calidad y más equidad; así como, y prioritariamente, el de hacer de docentes y directivos agentes y no sujetos del cambio educativo.
Ninguno de los frentes anteriores es fácil y atenderlos todos representará una labor titánica. Con todo, la parte más espinosa tendrá que ver con la capacidad para darle viabilidad política a un proyecto de este tipo en un contexto como el mexicano, en el que la función ‘gobernabilidad’ del magisterio lleva décadas chocando con la función educadora del sistema educativo.
Para encarar este asunto, habría que comenzar por reconocer abiertamente la importancia de ambas funciones y buscar acomodos entre ellas que, sin comprometer más nuestra precaria gobernabilidad, lastimen cada vez menos la parte educativa. Acomodos y soluciones que permitan ir construyendo, en paralelo, formas de gobernabilidad menos dependientes del control corporativo-clientelar del magisterio, y un sistema educativo que ofrezca acceso equitativo a todos los mexicanos a la oportunidad de obtener saberes y desarrollar destrezas para ser parte activa de sus comunidades y dueños de vidas más significativas, libres, plenas y productivas.
Una mirada que combine de mejor forma lo posible y lo deseable y una agenda renovada que incluya tanto el afán a favor de la calidad como la necesidad urgente de darle cabida y respuesta a millones de jóvenes mexicanos excluidos de oportunidades educativas, constituye nuestra mejor apuesta. Mucho mejor que la de concentrarnos sólo en atender exclusión olvidando la calidad o la de seguir insistiendo en el recetario de la calidad sin tomar en cuenta la realidad existente.
