La semana pasada, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó su informe más reciente, Educación para la democracia y el desarrollo en México. Será por años de afanarme en el análisis de la política educativa, sus fundamentos institucionales, conflictos y avatares en general, que esperaba que este texto evocara el criterio democrático de la educación planteado en el artículo 3 de la Constitución. Pero no, es de diferente calado, apela a principios filosóficos (justicia, diversidad/equidad), políticos (rectoría del Estado) y aspiraciones (calidad y evaluación para mejorar).
Cuando leí por primera vez el texto de John Dewey, Democracia y educación, me percaté de que la reforma al artículo 3 de 1946 recogía una de las premisas que él planteó para la educación democrática o para educar en la democracia. La fracción II de ese texto fundamental apunta: “El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios […] Además: a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
No digo que la ausencia de la cita reste méritos al informe del INEE, pero pienso que recordarlo les hubiera dado más peso a sus diez propuestas para “hacer de la educación la fuerza que México reclama y necesita, en pro de la paz y de un desarrollo sostenible”.
Pudiera criticarse la ausencia de un diagnóstico en los planteamientos del INEE, pero el libro no es académico, es una arenga política. De cualquier manera, en el Anexo, en unos cuantos cuadros, sustenta sus alegatos a favor de la libertad, igualdad, justicia y democracia, enmarcados en el derecho a la educación.
El INEE, al igual que ciertos informes de Mexicanos Primero, en especial en su Índice de cumplimiento educativo 2018, invocan que es una obligación del Estado, de los tres órdenes de gobierno, garantizar el derecho a una educación de calidad para los mexicanos, aunque evita decir que el INEE también es un órgano del Estado. El texto acentúa que para ello el gobierno debe mantener su papel rector por encima de intereses de personas o de grupos. Aquí el INEE pecó de diplomacia, no es contundente. Todos sabemos que las distintas facciones del SNTE ponen sus apetencias de poder y recursos por encima de su responsabilidad ante la niñez, más ahora en tiempos de campañas revueltas donde quieren pescar recursos. Apunto que me refiero a los líderes de esas camarillas, no a todo el magisterio.
Sin embargo, la Junta de Gobierno del INEE despliega argumentos razonables para que las causas que defiende encuentren vías prácticas de realización: eficacia en las escuelas, énfasis en el aprendizaje de los alumnos y la escuela como centro de las preocupaciones de la política educativa.
La parte medular del discurso del INEE es su empeño por maridar calidad con justicia e igualdad. Su alegato a favor de una educación incluyente sin ningún tipo de discriminación ataca el lado oscuro del desarrollo del sistema educativo mexicano.
Aunque no recupera el concepto del artículo 3, ni abunda en que debemos considerar la democracia como un sistema de vida, el informe del INEE es oportuno, es un mensaje de paz en un contexto crispado por la violencia criminal, discursos de odio en redes sociales y propaganda política que apela a ganar votos, no a comprometerse a mejorar la educación. Lo más destacado nos recuerda que debemos exigir al Estado que cumpla con su cometido. ¡Que quienes tienen poder lo ejerzan para garantizar el derecho a la educación!
