Alejandro Canales*
La primera vez que apareció el “Programa de descentralización de las dependencias federales” solamente logró levantar algunas cejas y mirarlo con cierto desdén. El programa formaba parte del apartado de infraestructura de ese voluminoso, apresurado y relativamente desordenado Proyecto de Nación 2018 -2024 de Morena. Era noviembre de 2017 y todavía quedaban muy lejanos los resultados de las elecciones federales.
Incluso, al inicio de junio de este año, cuando ya se había realizado el tercer debate presidencial y ahí mismo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer el nombre de la persona que tenía pensada para ocupar la titularidad de Conacyt —María Elena Álvarez-Buylla—, tampoco se le veía con seriedad. Un eventual gabinete tomaba forma, las tendencias en las preferencias electorales se sostenían, pero las propuestas y los votos en las urnas aún tenían esa dosis de incertidumbre e irrealidad.
En el cierre de campaña de AMLO, en el norte de la República, hacia el final de junio, le dijo a la audiencia reunida para escucharlo: “Ya tomé la decisión de que aquí en La Paz va a estar el Conacyt. En la descentralización (que hará de las instituciones públicas), el Consejo para la Ciencia y la Tecnología va a tener como sede La Paz, Baja California Sur” (El Financiero 19.06.2018). Ya no parecía tomársele a la ligera.
Ahora, una vez conocido el desenlace de la contienda electoral y cuando la transición ya está en marcha, una buena parte de las propuestas de entonces serán parte de las acciones del futuro gobierno a partir del próximo primero de diciembre. Seguramente la descentralización de las dependencias federales formarán parte de la estrategia.
En realidad, en sentido estricto, no sería una descentralización, en todo caso, si se llevara cabo, sería una “desconcentración”, porque se transferirían dependencias o funciones administrativas hacia otras entidades, pero el ejecutivo federal seguiría manteniendo el control y sus capacidades de decisión. ¿No? Por el contrario, una descentralización significaría delegar funciones, recursos y capacidades a otros niveles.
De cualquier forma, la desconcentración es una medida audaz, compleja, lenta y riesgosa. Aunque, sin duda, vale la pena intentarla. Sí, México no se termina en el periférico de Ciudad de México (CdMx), como frecuentemente espetan los habitantes de otras entidades federativas, ante la soberbia, los privilegios o la miopía de los habitantes de la Ciudad capital.
Lo que contiene el documento del Proyecto de Nación 2018-2024 sobre la descentralización de las dependencias federales es apenas un esbozo. En cuatro páginas está el diagnóstico, objetivo, metas, acciones y costos. Por ejemplo, destaca el exacerbado centralismo de México: “El gran generador de ésta histórica concentración ha sido el sistema político mexicano, que desde hace siglos ha hecho que la mayoría de las decisiones del poder graviten en torno al centro político de la nación…” (p. 276). También menciona cifras: alrededor del 80 por ciento de los casi tres millones de personas que trabajan para el gobierno federal (en 18 secretarías y 299 entidades de gobierno) se concentran en la Ciudad de México.
En consecuencia, el objetivo es descentralizar el gobierno para empezar el “proceso de desconcentración de la megalópolis mexicana de forma planificada”. Un proceso que, se plantea, contribuiría a la reactivación económica, la generación de empleo, bienestar de las comunidades y eficiencia en los trámites administrativos. Por lo pronto, de forma preliminar ahí se anotaron casi una treintena de dependencias de la administración pública que se trasladarían a otras entidades federativas. No, no están las secretarías de mayores capacidades políticas: Gobernación; Hacienda; Defensa Nacional; Marina; o Relaciones Exteriores. Sí están las otras 13 secretarías y organismos como Conacyt.
No obstante, las líneas de acción consideran la realización de estudios para decidir el destino de las reubicaciones, el traslado parcial o total de las dependencias, así como la conciliación sindical y la problemática social y política asociada al traslado laboral. Tal vez la movilidad de los trabajadores sea uno de los puntos más sensibles y complejos para llevar a cabo la desconcentración de la administración pública. No es menor, nada menor, aunque seguramente dependerá de la estructura de incentivos que se diseñe.
Tampoco lo son los recursos financieros que estarían implicados y ese puede ser otro punto de naufragio para las buenas intenciones. Sobre todo si le sumamos la gran cantidad de iniciativas que están comprometidas. En las previsiones presupuestarias, en el Proyecto de Nación, se considera que la inversión anual para la desconcentración sería de alrededor de 21 mil millones de pesos, el total sumaría aproximadamente 125 mil millones de pesos durante el sexenio y solamente el primer año sería de presupuesto público, el resto sería por otros instrumentos de financiamiento. Nada sencillo de resolver.
En fin, por ahora sigue la idea de trasladar a Conacyt para el norte de la República. Después de todo, no será la primera vez, casi medio siglo después de instaurado, el Consejo sigue sin tener un edificio propio y sería una mudanza más en su larga lista. Esperemos los planes.
*Este texto aparece originalmente en el suplemento Campus de Milenio
