Con los resultados del proceso electoral del 1 de julio pasado, algunos grupos sociales y del magisterio ven –desean- las horas contadas para la reforma educativa. Pero otros grupos sociales y magisteriales también desean que la reforma educativa se consolide mejorando sus procesos y sus metodologías en cada uno de los ámbitos que la constituyen. La reforma educativa, nacida entre otras fuentes del Pacto por México, es ahora un complejo campo de acción gubernamental y social.
Debido a que quienes desean que sea derogada hablan de “la mal llamada reforma educativa”, y sobre ello hubo una promesa del presidente electo, podemos pensar ahora que una cosa así, algo que es denominado “la mal llamada reforma educativa”, en realidad no existe, es el artificio para negar lo que no se quiere, lo que se rechaza.
Lo que sí existe, es un conjunto de acciones orientadas a lograr que la educación ofrecida en las escuelas, en todas ellas, porque en todas está de por medio el derecho a la educación y el conocimiento y aprecio de todos los derechos, que esa educación sea de calidad y tenga e impulse de forma sistemática y con una fuerza moral inconmensurable, la equidad. Este conjunto de acciones también tiene por origen el voto de los ciudadanos, es decir, el ejercicio de un derecho. Se crea entonces una paradoja y un conflicto que ha de atender el nuevo gobierno de acuerdo con el cauce que establece la Constitución. No es que esto facilite las cosas, sólo las encauza, las pone ante un orden de principios para que reciban atención justa y, por ello, duradera. Dijo López Obrador el día de la elección que “la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”. Esa es una de las contribuciones pendientes de la educación.
Andrés Manuel López Obrador se propuso encabezar la cuarta transformación de México, y esta no significa un retroceso, es decir, no puede ir en contra del progreso constitucional del país, que se ha basado en el reconocimiento, protección y defensa de los derechos humanos; eso es lo que se logró en las anteriores transformaciones. Sí puede, esta nueva transformación, promover la corrección de todo lo que en la vida social quita fuerza al Estado de derecho; ahí está el significado profundo de la expresión del presidente electo en su discurso del día de la elección: lograr un “un cambio verdadero”. También afirmó que trabajará para lograr “una auténtica democracia” y que los cambios profundos del proyecto de nación se promoverán siempre de conformidad con el “orden legal establecido” y no se le oculta que habrá que trabajar por la reconciliación y la paz, valores que alcanzan a la educación misma y tienen que ver con la disputa existente en torno a su reforma.
Una reforma es un cambio planeado. La educativa es eso, y aún la mejor planeación se topa tarde o temprano con la realidad, y más conflictivo será ese tope en la medida en que la planeación no haya partido de la realidad misma como objeto a transformar, o no la haya conocido y valorado de manera adecuada para orientar sabia y eficazmente el cambio.
Si la reforma educativa tuvo y tiene retos, otros surgen ahora con el cambio de gobierno, tanto por el cambio en sí mismo como, sobre todo, por su orientación axiológica. López Obrador afirmó que se conducirá “por la vía legal”, que gobernará “con rectitud y justicia” con el propósito de “conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos”. Esto último es muy importante, porque la nueva transformación queda así vinculada a las que le precedieron.
¿Qué hacer en el ámbito educativo? Por principio de cuentas, si una acción básica de la transformación es erradicar la corrupción, habrá que empezar, por prioridades, por erradicar la corrupción que exista en la educación y su reforma. Dado que la educación es el proceso de formación de los ciudadanos mexicanos, erradicar la corrupción ahí tendrá mucha resonancia en el conjunto de la vida social. Está en esto una gran prueba para el nuevo gobierno y para el Nuevo Modelo Educativo. Vienen ambos a integrarse en una fundamental coyuntura histórica.
En otra perspectiva, como la reforma educativa tiene entre sus propósitos recuperar la rectoría del Estado en las instituciones y procesos de formación de los mexicanos, eso es un camino que debe seguir recorriéndose con firmeza. Al firmarse el Pacto por México, Morena no era un partido político –lo fue hasta julio de 2014-, no participó pues en esa acción, como no lo hicieron los partidos pequeños. Ahora, como partido gobernante tiene la obligación de proseguir el propósito de recuperar la rectoría del Estado en la educación; de ahí la complejidad que se le presenta ante la sociedad y sus diversas corrientes de opinión. En el discurso mencionado arriba, el virtual presidente electo afirmó que el Estado, como poder constituido, representará, atenderá y respetará a todos sin distinción; que ningún interés particular estará por encima del interés general, asunto en lo que hay de nuevo un eco de las anteriores transformaciones de México. Y el Estado, añadió, atenderá con preferencia a “los más humildes y a los olvidados”, en especial, a “los pueblos indígenas de México”. Sabemos, es la realidad, que ahí se encuentra instalada la desigualdad social, económica, política y educativa.
¿Qué se va a necesitar? Fortalecer la escuela como institución de interés público, es decir, de interés general. Vienen tiempos, ya están aquí, de volver a leer y meditar nuestra Constitución, es especial su capítulo sobre los derechos humanos y sus garantías; el artículo 3° constitucional y el séptimo de la Ley General de Educación.
Si la educación se encuentra ante el voto, este conduce a la Constitución, a los derechos humanos. Gran tarea, gran responsabilidad, gran compromiso asumido por el nuevo presidente.
