En mi artículo del miércoles 11 propuse dos escenarios, como dicen los “futurólogos”, uno pesimista y el otro lleno de confianza en que el equipo que dirigirá la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asuma los puntos preclaros del nuevo modelo educativo. Basé mis especulaciones en los mensajes discordantes de quien —si no cambian las cosas de manera radical— será el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
Para esas opciones tomé sólo ciertos puntos que AMLO y EMB han destacado en su oratoria y documentos de campaña. Hoy discurro un tablado intermedio, ni sombrío ni optimista. La locución Ceteris Paribus se emplea en economía para advertir el alcance de una variable en otra, manteniendo constantes las demás. Aunque esta idea no sea por completo congruente con lo que voy a exponer, me parece que tiene poder descriptivo.
Me explico. El sistema escolar tiene una estructura robusta, fincada en décadas de funcionamiento, con reglas de actuación que no siempre están en la norma, pero sí en los juegos del poder, tradiciones culturales y rutinas burocráticas. En pocas palabras, es resistente al cambio.
Tras la reforma al artículo 3 de 1946, que cimentó el fundamento del sistema de educación básica, las mudanzas han entrado con torniquete; ha habido cambios, pero la estructura profunda es casi la misma. Cierto, las reformas de los 70, los 90 y de la primera década de este siglo transmutaron normas legales e introdujeron innovaciones en el currículo y la práctica escolar; también lo intentaron en la formación de maestros. Pero al final de cuentas fueron de superficie, no alcanzaron hondura. La Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto planteó un cambio a fondo, pero se agotó el sexenio y sus ofertas hoy están en la mira: las tradiciones que no se pueden erradicar en poco tiempo claman por su retorno. Me refiero a las demandas que facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le hicieron al candidato AMLO y él las transformó en propuestas de gobierno.
La pregunta: ¿qué tanto estará dispuesto el nuevo gobierno a conceder y si puede?
El escenario del futuro sombrío, aunque deseable para los grupos más afectados por la Reforma Educativa, no lo veo factible. No pienso que regrese la herencia y compraventa de plazas, tampoco que permita la recolonización de la administración de la educación básica, si bien puede otorgar ciertos puestos menores en la burocracia y refrendar la oratoria de la “mal llamada” Reforma Educativa. Baso mi supuesto en que, si permite ese retroceso, no gobernará en la educación básica. No lo veo con vocación para compartir el poder.
Tampoco veo el plan óptimo en marcha, pero mantendrá ciertos cambios. No me imagino que el nuevo gobierno renuncie al Sistema nacional de información y gestión educativa, ni al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo; información y recursos, diría Maquiavelo, son la fuente del poder. Tal vez EMB quisiera retornar al sistema de incentivos anterior, la carrera magisterial, pero concibo el freno de la Secretaría de Hacienda; el Programa de promoción en la función por incentivos en educación básica implica menos gasto; además, la SEP no comparte con el SNTE el poder de decisión.
Entonces, ¿dónde sí puede echar reversa?: suavizar la evaluación docente, reducir el concepto de mérito para el ingreso y la promoción y echar para atrás el nuevo modelo educativo. Las consultas anunciadas van por ese camino.
En síntesis, preveo que permanecerán constantes los aparatos que implican poder, pero concederá en asuntos pedagógicos. Tal vez logre la reunificación del SNTE bajo un nuevo tipo de corporativismo. Regresaré con intermitencia sobre estos puntos.
