Fue en febrero de 2013 cuando Juan Díaz de la Torre asumió la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), justo cuando se cocinaban las modificaciones constitucionales y leyes secundarias en materia educativa que se concretarían tan sólo meses después en el Congreso de la Unión, con el aval de diversos partidos que giraban en torno a un supuesto Pacto por México, entre ellos el vinculado al sindicato dirigido por el profesor jalisciense: Nueva Alianza. Desde entonces, el discurso de Díaz de la Torre y el SNTE sobre el tema de la Reforma Educativa ha tenido virajes considerables: desde los discursos de persuasión al magisterio para aceptar las modificaciones legales en materia educativa, hasta las denuncias públicas que, con varios años de retraso, se dirigieron hacia las prácticas evaluativas para los docentes. A la luz de la lógica y la coherencia, es difícil asimilar la postura del SNTE con respecto a la Reforma educativa que impulsó anteriormente e, increíblemente, ahora critica.
Una revisión de los hechos ocurridos en los últimos cinco años en torno al SNTE y la Reforma Educativa hace posible encontrar inconsistencias importantes. Por ejemplo, de 2013 a 2017 el SNTE recibió aproximadamente $650 millones de pesos para actividades de difusión de la Reforma Educativa (Reforma, 15 de mayo de 2017), dando a conocer entre los docente y la sociedad las “bondades” de las modificaciones legales educativas y, sobre todo, del naciente Servicio Profesional Docente. Tras esos cuatro años en que recibió considerables sumas de dinero, en junio de 2018 el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, ha exigido una revisión estructural de la Reforma Educativa, pues ha advertido efectos nocivos para el magisterio (El Universal, 03 de junio de 2018). Ante estos hechos contradictorios surge una duda evidente: ¿se exige ahora que se revise a fondo la misma reforma por la cual durante años cobraron varios cientos de millones de pesos por promocionarla? ¿Promovieron entonces algo sin haber comprobado que su “estructura” era la adecuada?
En entrevista reciente para La Jornada (2 de agosto de 2018), Díaz de la Torre ha expresado que “es un error vincular la evaluación docente a la permanencia en el magisterio”, no obstante que en el mismo periódico, dos años antes, Silvia Luna Rodríguez, alta jerarca sindical, manifestaba que para el gremio encabezado por Díaz de la Torre la naturaleza punitiva de la evaluación docente era inexistente: “no o la hemos visto y ratificamos que no tiene esa característica” (La Jornada, 15 de julio de 2016). Resulta extraño entonces que se critique lo punitivo de la evaluación cuando años antes se negaba este rasgo. Resulta más extraño aún que se critique la naturaleza sancionadora de las prácticas evaluativas pues el mismo SNTE promocionó y apoyó la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), la cual, en su artículo 53, establece claramente el uso de los resultados de evaluación como referente para la permanencia en el servicio magisterial. No cuadra entonces que se rechace actualmente el uso de la evaluación para determinar la permanencia, cuando esto venía estipulado desde un principio (basta verificar que el artículo citado no ha sufrido modificación alguna desde su origen en 2013).
La metamorfosis del SNTE ha alcanzado un punto insospechado e increíble en los últimos días. De ser un ferviente promotor de la evaluación docente en los primeros años de la misma, en las últimas semanas el sindicato ha asumido el papel de intermediario entre el gobierno y sus agremiados, sugiriendo increíblemente a estos últimos exijan que se cancele la evaluación de este año y poniendo como pretexto “la falta de certidumbre” ante los próximos cambios en el poder ejecutivo federal. Resulta extraño que para el SNTE genere más incertidumbre un cambio en la vida política que el sinfín de situaciones que desde el primer grupo de evaluados fueron denunciadas y no bastaron para que el sindicato tomara una decisión terminante en cuanto al curso de la evaluación: desde el uso de la fuerza pública en las sedes de evaluación docente, pasando por la nula transparencia en la calificación de exámenes y la falta de capacitación del magisterio, hasta la escasa pertinencia de las técnicas e instrumentos de evaluación. ¿Por qué hasta ahora le preocupó al sindicato la certidumbre de sus agremiados? ¿Por qué antes desestimó los cientos de argumentos que los evaluados presentaron y que realmente afectaban su certeza laboral?
Como se observa, el SNTE ha cambiado de postura hasta caer en la inverosimilitud: de haber declarado gustoso Juan Díaz, en 2016, que la “reforma educativa ha sido exitosa” (La Jornada de San Luis, mayo de 2016), dos años después, el secretario general Alfonso Cepeda exige una “revisión estructural” de la misma al tiempo que diversas secciones sindicales se han sumado a una campaña de obstrucción de la evaluación docente; de haber negado, hasta mediados de 2016, la naturaleza punitiva de la evaluación, a manifestar, ya en 2018, que es un error vincular la evaluación vigente a la permanencia ¿Es creíble todo esto? ¿No se trata de discursos totalmente incompatibles? Con estos vaivenes, El SNTE pone de manifiesto su subordinación al poder en turno: mientras el grupo de poder le reportó beneficios, se cobijó de él desatendiendo la irritación de sus agremiados; hoy, que la continuidad de ese grupo fue impedida, cambia falsamente su postura.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
REFERENCIAS
