La UNAM tiene que hacerse cargo y resolver el problema de los porros. El pasado lunes, una manifestación pacífica de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, acompañada por estudiantes de otras escuelas universitarias, fue atacada por un grupo de choque que, según declaraciones de los manifestantes, estaría integrado por golpeadores de varios planteles de bachillerato. El saldo hasta el momento, aproximadamente catorce lesionados, cuatro heridos, dos de ellos gravedad.
Según registro periodístico de los hechos, los agresores “atacaron con piedras, botellas, tubos, petardos y bombas molotov a los manifestantes que se encontraban en la explanada de la Torre de Rectoría” (El Universal, 4 de septiembre 2018). Así ocurrió, en efecto: la marcha había partido del monumento a Álvaro Obregón con rumbo a la Ciudad Universitaria. Pasadas la tres de la tarde, y una vez que los manifestaron ingresaron a los terrenos del campus, por distintos puntos aledaños al edificio de rectoría los golpeadores atacaron con rapidez y lujo de violencia. Después huyeron.
Al revisar el testimonio en video recogido por la reportera Teresa Moreno de El Universal, por cierto, qué entereza y oficio de periodista, resalta el orden de los agresores en contraste con el desconcierto en que caen los manifestantes antes de su repliegue. También es llamativa la pasividad de los elementos de vigilancia de la Universidad, que probablemente obedezca a protocolos preestablecidos, pero que hace evidente la incapacidad de enfrentar eventos de esta índole.
¿Cuál era el motivo de la manifestación y cuáles las demandas específicas de los estudiantes? El antecedente inmediato es el paro de actividades del plantel que se inició el 27 de agosto en protesta por la insuficiencia de profesores al inicio de clases, salones sobrecargados de estudiantes y el bloqueo de unos murales pintados por estudiantes. En la toma del plantel, los activistas presentaron a la dirección un pliego petitorio que exigía la restauración del mural, permisos para pintar nuevos murales, el reordenamiento de horarios y profesores, y sanciones a profesores y administrativos abusivos. Un punto más: para realizar el cobro de inscripción, que en la UNAM es de veinticinco centavos, dejaron de operar las cajas del plantel, de manera que los estudiantes debían hacer un depósito bancario, lo que es imposible por esa cantidad ya que el mínimo autorizado es de cien pesos por depósito. Entonces se exigió el esclarecimiento de esa irregularidad.
Este pliego petitorio se ampliaría con la exigencia de destitución de la directora del plantel, María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas, y con la demanda de desarticulación de los grupos de porros que han tenido presencia en las instalaciones. No obstante que la directora presentó su renuncia al rector, Enrique Graue Wiechers, y que este la aceptó designando como titular temporal al director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, Benjamín Barajas Sánchez, el paro no fue levantado en espera de la solución de las demandas. El movimiento se amplió con el respaldo de grupos estudiantiles de otros planteles del bachillerato y resurgió la demanda histórica en contra del porrismo universitario.
Otro antecedente de interés es la huelga estudiantil de 2014 que detuvo actividades en los planteles Azcapotzalco y Vallejo por casi tres meses (octubre de diciembre), originalmente en solidaridad al movimiento de los estudiantes del IPN de ese año y en protesta por la actuación de las autoridades federales en el caso de Ayotzinapa. Dicha huelga añadiría demandas específicas de los planteles del CCH, una de las cuales señalaba, textualmente, “exigimos la desarticulación, destitución y expulsión de los grupos porriles y de aquellas personas que los subsidien, promuevan y/o protejan.”
En enero de 2014 se reanudaron clases y el tema de los porros quedó, una vez más, en el archivo. Esta vez vuelve a resurgir y no debería haber pretexto para que la autoridad universitaria despliegue una estrategia eficaz para su combate. El porrismo no puede tolerarse como una de las condiciones de la vida universitaria, como mal necesario, o como vicio tolerable.
Si es el caso que autoridades de la institución apoyan a organizaciones de jóvenes (y no tanto) para reprimir el activismo político estudiantil, la UNAM debe castigar enérgicamente estas prácticas. Si se prueba complicidad con administrativos o delegaciones sindicales, también es imperativo combatirlas de frente. Lo mismo si en el fenómeno participan agentes externos a la Universidad con fines políticos o delincuenciales. El porrismo existe, hay sobrada evidencia de ello, y no hay ninguna razón válida para tolerarlo.
Además, es de esperarse que la protesta siga creciendo en estos días, que a ella se sumen grupos amplios de estudiantes y académicos. Cuando un movimiento se desata sabemos cuando comienza, pero no cuando termina. Este año, que se rememora el cincuenta aniversario del 68 mexicano, y que inicia un nuevo gobierno federal, no puede haber errores de operación. No hay margen.
