La declaración de que “no quedará ni una coma de la reforma educativa”, hecha por el coordinador de los Diputados de Morena, Mario Delgado, no favorece un ambiente de análisis, de reflexión o de consulta sobre la educación que está operando un proceso de reforma. Por el contrario parece una amenaza, una decisión tomada que sólo estaría a la espera de su sanción en la Cámara de Diputados. Es la expresión de una política de tierra quemada que de nada ayuda al proceso de mejoramiento de la educación si, como también afirmó el Sr. Delgado, “se está trabajando en los foros para construir una verdadera reforma, de la mano de los maestros y los padres” (Reforma, 13 de septiembre de 2018, p. 12). ¿Cómo se puede trabajar para una verdadera reforma en tal contexto?, ¿Qué es lo que la hará verdadera?
Si a lo anterior se suma la exhortación de los diputados morenistas para que el gobierno suspenda la evaluación docente programada para el resto del presente año, aparece otro rasgo de una acción equivocada: la desorientación de los legisladores, pues pidieron que el gobierno violara la ley. Es un mal inicio de una nueva Legislatura de la Unión.
Todo ello es expresión de la prisa incomprensible, o comprensible sólo desde el ángulo del antagonismo, no desde otros, como la responsabilidad gubernamental. Unas semanas atrás, según dio cuenta el mismo diario Reforma (14 de agosto de 2018, p. 10), “líderes de la Sección 9 de la Ciudad de México urgieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y a los próximos diputados federales a iniciar los trabajos para derogar la reforma educativa promulgada en el 2013”. Roberto Gabriel Gómez expresó la postura magisterial con estas palabras: “si de verdad tiene voluntad de cambio, lo que más le conviene al próximo gobierno es que el 1 de diciembre esté desactivado el conflicto magisterial”. A la petición se le adjunta una amenaza. El profesor Gómez añadió que “mientras no se derogue la reforma educativa, nosotros vamos a seguir protestando y será un esquema de confrontación. Para nosotros es un conflicto que tiene el magisterio”.
Es importante señalar que esta demanda de derogación se aplica a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a la ley del INEE, a la Ley General de Educación, a los artículos 3 y 73 de la Constitución y, finalmente, al nuevo modelo educativo. En suma, es otra versión de la perspectiva de que no quede ninguna coma de la reforma educativa.
Es difícil conciliar ambos anuncios sobre la reforma educativa con el propósito de López Obrador de impulsar la regeneración nacional y de llevar a cabo la cuarta transformación de México. No aparece la vía del diálogo como constructor de decisiones democráticas. En la visión de Esteban Moctezuma, refiriéndose a la consulta, se trata de promover la participación de la sociedad “para escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural (…) Se busca avanzar en la construcción de consensos que permitan una educación que supere los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión; y afronte con equidad y calidad los retos del futuro” (Reforma, 20 de agosto de 2018, p. 6). ¿Todo ello sin ninguna coma de la reforma educativa, cuando un elemento fundamental de la reforma es precisamente la díada calidad-equidad?
Con sus formas específicas, las dos consultas que precedieron a la reforma y la alimentaron, tenían iguales propósitos, ¿por qué ahora la vía de un nuevo gobierno es cancelar, derogar? Ponerse en una situación de empezar de cero es inadecuado. Para saber qué hacer con la reforma educativa está claro que el Ejecutivo y el Legislativo tienen una agenda problemática que no van a poder resolver con los planteamientos a que se ha hecho alusión.
La coyuntura permite distinguir tres errores del Pacto por México, una de las fuentes de la reforma. Un error fue elaborar el pacto excluyendo partidos políticos; fue un acto de soberbia y un acuerdo contrario a la democracia que ahora expresa algunos de sus costos. Un segundo error fue no atender de forma inmediata, como parte de la reforma pero anterior a ella o su primer acto, la cuestión de la profesionalización de los docentes. El tercer error del Pacto fue fortalecer el presidencialismo, no cualquiera, uno con tradición no democrática y centralista. Para buenos fines, el Pacto equivocó algunos medios.
Afirmé arriba algo importante, que el Pacto es una de las fuentes de la reforma. Otra ha sido la participación social, la cual fue motivadora de las decisiones del Pacto mismo. Esto quiere decir que no tiene valor absoluto ahora el propósito de promover la participación de la sociedad, pues ya se ha manifestado por diversas vías.
El nuevo gobierno, en todo caso, tanto la rama Ejecutiva como la Legislativa siguen teniendo una obligación ante la sociedad: recuperar y garantizar la rectoría del Estado sobre la educación, y esa tarea, que no es nueva, la deben hacer por la vía de la democracia constitucional, no otra. Ante los conflictos ya manifiestos y lo que vengan, la prueba para el gobierno será su capacidad de actuar respetando, promoviendo y defendiendo los derechos humanos.
