Diputados del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa que pretende derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
La propuesta presentada por el diputado Reginaldo Sandoval Flores e integrantes del Grupo Parlamentario del PT, se ha turnado a la Comisión de Educación de esta Cámara, para su discusión y posible aprobación.
En la exposición de motivos, el diputado aseguró que el objetivo de la reforma educativa y la evaluación docente fue claro: culpar a los maestros de los malos resultados en materia educativa para poder instrumentar un régimen laboral punitivo a través del establecimiento del servicio profesional docente.
En la Ley General del Servicio Profesional Docente, advierte, se establecieron procedimientos de sanción e incluso de separación del empleo de los trabajadores de la educación, lo cual demuestra que la reforma educativa tiene un carácter laboral, en virtud de que este tipo de procedimientos tendrían que estar regulados en la legislación de esta materia, específicamente en el Apartado B del artículo 123 constitucional, en virtud de que los maestros son trabajadores al servicio del Estado.
El objetivo principal de la reforma fue una nueva regulación laboral del magisterio, bajo el argumento de que solo así se podría lograr el mejoramiento de la calidad del aprendizaje. No obstante, sin un diagnóstico que validara dichas aseveraciones, se asumió la narrativa dominante que culpabilizaba a los profesores por los deficientes resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Los legisladores del Partido del Trabajo, agrega, expresamos nuestro respaldo a la evaluación de los maestros, en tanto fuera concebida como un instrumento encaminado a mejorar la educación. Asimismo fuimos enfáticos en señalar que rechazamos la evaluación, cuando se le entiende, como se menciona en el dictamen, como una medida intimidatoria, represiva y para despojar a los maestros de sus plazas mediante una aplicación retroactiva de la ley contraria a lo que se prevé en el primer párrafo del artículo 14 constitucional.
“El presente decreto responde a una de las exigencias sociales más sentidas, la de garantizar la educación como totalidad. El objetivo consiste en que el Congreso de la Unión expida una legislación reglamentaria en materia educativa donde sea considerada la experiencia, conocimientos y aportaciones de docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados en sector”, enfatizó el legislador.
La propuesta
El texto íntegro de la propuesta versa de la siguiente manera:
Decreto por el que se abrogan las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013; y por el que se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013
Único. Se abrogan las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013; y por el que se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas correspondientes a la Ley General de Educación, a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, de forma coordinada, ambas Cámaras del Congreso de la Unión tendrán que generar un amplio diálogo y debate nacional en el que se involucre a docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados, a fin de expedir una reforma educativa basada en un modelo humanista e integral que obedezca a la realidad de nuestro país y no a cuestiones políticas, punitivas o estrictamente laborales.
Tercero. Los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de los gobiernos estatales, deberán suspender las evaluaciones educativas hasta que se cuente con la nueva legislación reglamentaria en materia educativa, que tendrá que ser expedida a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
