El problema de raíz del sistema educativo en México, consiste en pretender cambiar lo que ocurre en las escuelas de educación pública obligatoria sin transformar las escuelas formadoras de maestros.
Antes de pensar en proponer su eliminación de raíz, se deben analizar las fortalezas del nuevo modelo educativo, tales como su foco claro en el aprendizaje para toda la vida, la concepción del docente como un profesional del aprendizaje en permanente formación, que va verificando y alcanzando nuevas alturas en su comprensión y en la activación del aprendizaje en sus alumnos.
La inclusión de escuelas más participativas y transparentes es otro cambio que trajo consigo la transformación educativa; éstas deben ser capaces de administrar y demandar los recursos que el Estado le provee, tener un gasto y un plan de mejora vigilados por los padres, un director como líder pedagógico y comunitario, y contar con la infraestructura adecuada y plantillas completas de adultos profesionales, que tengan un plan de estudios menos cargado de contenido y más enfocado al aprendizaje activo y autónomo.
También debemos identificar las debilidades y realizar los ajustes que sean necesarios. Por ejemplo, la excesiva concentración en el papel de la regulación, especialmente en la evaluación docente, sin acompañarla con el ajuste a la formación antes y después de las evaluaciones.
Existió una invasión comunicativa y de facultades por parte de las autoridades federales. No se supo comunicar y sumar en el proceso a los maestros –y distinguirlos de las cúpulas gremiales–, se descuidó y se atrasó lo técnico-pedagógico y no se impulsó la actividad y la responsabilidad de los estados en su implementación.
Se minimizó, se inhibió y hasta se combatió el reclamo y la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil. Se descuidó la equidad en el financiamiento, se puso excesivo énfasis en los programas de infraestructura y no en las capacidades y el compromiso de los agentes.
Lo que nos tiene en la actual encrucijada es un lamentable atraso en los deberes de la autoridad para la transformación de las normales, la activación de las familias y el aprendizaje profesional de los maestros. No se ha entendido ni se ha propiciado en las escuelas el acercamiento a un modelo participativo, materializado en el componente de autonomía curricular y en la autonomía escolar, que llevó a que los docentes no se apropiaran de él y son aquellos quienes lo llevan a la práctica en las aulas.
Pensar en echar atrás la reforma educativa no depende de una sola persona, ni tampoco se puede asociar con el fin de un sexenio. Ningún actor tiene la capacidad de dar marcha atrás al compromiso que la comunidad hemos asumido para garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes.
La transformación educativa no nació con la administración actual, ni tampoco verá su fin con el siguiente presidente o secretario de Educación. Los gobiernos estatales deben comprometerse a fondo con la implementación de la reforma educativa. La implementación de la reforma a la Constitución y las leyes de 2013, dependen de los estados libres y soberanos, más que de la Federación.
Los verdaderos agentes de cambio son los líderes intermedios: funcionarios estatales, supervisores, maestros, consejeros escolares y miembros de asociaciones comunitarias y de la sociedad civil que aterrizan, monitorean, evalúan y retroalimentan las políticas públicas en el contexto local.
