Sergio Martínez Dunstan.
El Congreso de la Unión discutirá dos modelos para valorar el trabajo de los docentes en la educación obligatoria, si es que no se presentan otras en este compás de espera, teniendo frente a sí la siguiente disyuntiva: a).- Una reforma a la reforma vigente y b).- Una nueva reforma. Ambas tienen en común la ausencia de propuestas o alternativas innovadoras. No hay nada oculto bajo el sol, no hay ninguna novedad, algo distintivo con relación a la actualmente vigente. Quien no conoce la historia está condenado a repetirlo rezan el refrán popular. Permítanme ofrecerles algunas razones para sustentar mi suposición.
Hoy en día, en al LXIV Legislatura se han presentado dos iniciativas sobre la reforma educativa. Una de ellas, expuesta por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con la intención de reformar la fracción III del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) eliminando el proceso de permanencia en el servicio sin modificar más nada (https://goo.gl/wusK8i). Y, la otra pretende abrogar las disposiciones de la Ley General de Educación (LGE), la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), todas ellas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el once de septiembre del dos mil trece, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) (https://goo.gl/gU8B8z).
La primera iniciativa, en consecuencia, pretende dejar sin efectos los resultados de la evaluación del desempeño llevada a cabo del 2015 a la fecha. Esta idea es coincidente con la promesa del próximo Secretario de Educación Pública (SEP) sobre la reinstalación de los maestros cesados (https://goo.gl/bVJyxC). Y, la segunda iniciativa, decreta suspender las evaluaciones educativas hasta que se cuente con la nueva legislación reglamentaria, que tendrá que ser expedida a más tardar en un plazo de seis meses contados a partir de su fecha de publicación.
Es decir, se han presentado dos propuestas concretas:
1.- Modificar el Servicio Profesional Docente desvinculando la evaluación del desempeño como criterio de permanencia en la plaza y manteniendo los concursos de ingreso y promoción así como para fines de reconocimiento. Se pronuncian por una reforma a la reforma educativa.
2.- Eliminar por completo, que no quede ni una coma como lo señaló un legislador, la reforma educativa promulgada por la aún administración actual. Se manifiestan por una nueva reforma educativa.
Esta última, refiere que ambas cámaras, tendrán que generar un amplio diálogo y debate nacional en el que se participen docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados a fin de “expedir una reforma educativa basada en un modelo humanista e integral que obedezca a la realidad de nuestro país y no a cuestiones políticas punitivas o estrictamente laborales”. Ésta también concuerda con la otra idea de Esteban Moctezuma Barragán (EBM) quien propone un Acuerdo Nacional para una Educación con Equidad y Calidad (ANEEC) para la construcción de políticas públicas mediante una consulta ciudadana, abierta, amplia, libre e informada. Para este fin, se ha venido realizando una consulta digital con registro abierto de ponencias y contribuciones a través de una plataforma por internet; una Consulta Estatal Participativa consistente en la realización de 32 Foros Estatales y; un Diálogo Social, visitando hogares de todo el país por brigadistas voluntarios, según refieren los organizadores quienes esperan concluir a finales de octubre (https://goo.gl/Wzwq5t).
EMB ha proyectado algunas primeras ideas. Mencionó que comenzará una nueva revalorización del magisterio nacional en favor de la enseñanza hacia los niños y jóvenes; “y si nos centramos en el aprendizaje (…) pues obviamente es una persona que va a estar más valorada”. Señaló “regresar a una especie de carrera magisterial en donde se consideraban varios factores en un docente para poder escalar; tenemos que darle garantía a los maestros de que tengan una carrera profesional como maestros, que la carrera magisterial les dé una ruta donde puedan transitar” (https://goo.gl/CjwSKQ).
Cabe recordar, que el Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM) surge del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y sobrevivió al Compromiso Social por la Calidad de la Educación (2000) y a la Alianza por la Calidad Educativa (2008) y el Pacto por México (2012) lo mató. Se concibió como un sistema de promoción de participación individual y voluntaria. De acuerdo con los resultados, se clasificaba a los participantes en uno de cinco niveles de acuerdo con su preparación (A,B,C,D,E), actualización, experiencia y permanencia en la función. Se contemplaban tres vertientes: docentes frente a grupo, maestros en funciones directivas y de supervisión así como profesores en actividades pedagógicas. Los factores de evaluación para su incorporación, promoción o refrendo eran: Aprovechamiento Escolar de los alumnos o para promover su aprendizaje (50%, 40%, 30% según la vertiente), Formación Continua (20%), Actividades Cocurriculares (20%), Preparación Profesional (5%), Antigüedad (5%), Gestión Escolar (5%) o Apoyo Educativo (20%). (https://goo.gl/EaEub1).
Anterior al PNCM, se aplicaban un conjunto de normas a fin de efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base y autorizar las permutas conocido como Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. Se ponderaba, según el reglamento: Conocimientos 45%; Aptitud 25%; Antigüedad 20%; Disciplina y Puntualidad 10% (https://goo.gl/U5oeXR). Paralelamente, la organización sindical operaba otro “Escalafón” que variaba según las necesidades de las regiones geográficas y se utilizaba para asignar plazas de manera mancomunada con la autoridad educativa y gestionar apoyos y prestaciones para los trabajadores como licencias, préstamos de diversa índole, determinados servicios de salud, entre otros. En algunos casos, se consideraba la participación sindical como un criterio, en ocasiones el de mayor peso, a cambio de la asistencia a marchas, mítines, reuniones, entre otros. Desde aquí se argumentó la justificación de erradicar el apoyo discrecional, la venta y herencia de plazas en la actual reforma educativa.
El Servicio Profesional Docente se ofreció como premio al mérito. Carrera Magisterial, en los hechos, se condujo por el credencialismo burocrático y el Escalafón, tanto el oficial como el sindical aunque más paradigmático el segundo, por el clientelismo.
La discusión actual sobre como evaluar el trabajo académico de los profesores de educación básica y media superior, por el momento, transcurre sobre las siguientes alternativas: a).- modificar ligeramente la evaluación según el modelo del Servicio Profesional Docente, que ni es servicio, ni valora la profesión docente y su ejercicio; b).- resucitar el Programa Nacional de Carrera Magisterial, mejorado, el modelo retrógrado anterior; c).- y el cuestionado clientelismo político. Los tres, pudieran ser incluyentes. Es decir, puede ocurrir algo peor, la tentación de mezclarlos. Sería desilusionante para el maestro en lo individual y decepcionante para el magisterio en lo colectivo. ¿No habrá algo mejor? Tiempo al tiempo. Nada me daría mayor gusto que estar equivocado.
