Rogelio Javier Alonso Ruiz*
En octubre de 2015, el entonces Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, respondió a través de los medios de comunicación a las exigencias de la disidencia magisterial para debatir acerca de la continuidad de la Reforma Educativa: “nosotros abiertos al diálogo, pero a un diálogo sobre cómo implementar la Reforma Educativa, no sobre cómo evitar la Reforma Educativa”. Las palabras anteriores, que condicionaban un debate a la aceptación de una conclusión, dejaban entrever la naturaleza terriblemente autoritaria y vertical que caracterizó a la construcción de las modificaciones legales en materia educativa surgidas en septiembre de 2013.
Cinco años después de aquel momento, el paisaje político del país sufrió un cambio significativo: el grupo que encabezó la construcción de la Reforma Educativa fue masacrado electoralmente en los comicios presidenciales y legislativos precisamente por el partido que abiertamente se había propuesto cancelarla. A las pocas semanas, los triunfadores no dudaron en externar sus deseos de liquidar la Reforma Educativa: desde el presidente electo, quien en cara del presidente actual dejó en claro que cancelaría tal reforma, hasta uno de los diputados del nuevo partido mayoritario, quien advirtió que de ella no quedaría “ni una coma”. Paralelamente a estos hechos, comenzaban los Foros de Consulta Participativa en las entidades federativas, con el propósito de construir el Acuerdo Nacional sobre la Educación. Ante esto, surgen algunas interrogantes: ¿por qué los actores políticos mencionados anuncian una decisión tan importante, como los es la cancelación de la Reforma Educativa, cuando la consulta aún no termina? ¿Qué pasaría en el hipotético e improbable caso de que las conclusiones de las consultas no apuntaran precisamente hacia una cancelación? ¿Qué sucedería si las propuestas del profesorado sobre diversos temas no requieren que la Reforma sea destruida completamente? ¿El presidente electo y los legisladores tendrían que retractarse?
Si bien la continuidad de la Reforma es uno entre miles de temas educativos que se pueden debatir, ninguno de ellos, por más obvias que parezcan las conclusiones, debe librarse de pasar por el debate entre los interesados y más si se apela a la apertura que se está promoviendo para participar en la discusión de temas de relevancia nacional. Es indudable que la Reforma Educativa tiene una opinión negativa generalizada del magisterio y, seguramente, las discusiones en los ejercicios que se llevan a cabo lo confirmarán, pero el hecho de que algunos actores políticos que llegaron al poder marquen como un hecho la extinción de ésta antes de escuchar los resolutivos de la consulta, hace que el debate pierda crédito e incluso se corre el riesgo de hacer crecer sospechas sobre una posible simulación. Si se va a debatir, pero ya se tienen los planes para destruir o construir, ¿entonces para qué debatir? ¿Es equivalente entonces el posicionamiento de Nuño en torno a debatir sólo si se acepta la Reforma, al posicionamiento del nuevo régimen, en relación a debatir dando como un hecho la cancelación de la Reforma?
Sin duda son dignos de ser aplaudidos estos espacios que alientan la pluralidad en aras de construir propuestas que favorezcan el desarrollo educativo de nuestro país. Por su valía, es necesario pedir respeto hacia este tipo de actividades. Tanto se quejó el magisterio y la sociedad de la falta de espacios para opinar y debatir sobre los destinos educativos del país, que hoy resulta obligado exigir respeto por la figura del debate y demandar que los resultados de éste sean los referentes para las futuras decisiones de los representantes populares. Es preciso no descartar en automático las aportaciones de ningún participante, aun cuando éstas vayan en sentido contrario a lo que piensan las mayorías. Se debe evitar, a toda costa, que opiniones tan mayoritarias (como el rechazo a la Reforma Educativa) impidan escuchar aquellas que sólo son compartidas por unos cuantos, para así evitar un lastimoso fenómeno antidemocrático: la tiranía de las mayorías.
No cabe duda que la Reforma Educativa y procesos como la evaluación docente requieren ser replanteados y, muy probablemente, construidos nuevamente desde sus cimientos. No obstante, el objetivo de este escrito no gira en torno a la defensa o el rechazo de la Reforma Educativa, sino a la necesidad de que, a partir de un debate genuino, se determine su cancelación, modificación o continuidad. Sin duda, son desafortunadas las declaraciones de algunos importantes actores políticos, pues hacen recordar viejas prácticas de regímenes anteriores y hacen que estos valiosos ejercicios democráticos puedan ser vistos como faltos de pertinencia. Que se dé muestra de la dignidad y la cultura democrática que adoleció el gobierno anterior. Que estos foros realmente sean instrumentos para la mejora de la situación educativa del país. Si incluso los peores criminales tienen derecho a ser escuchados para defenderse, entonces no hay razones para negarle a la Reforma Educativa un juicio antes de su probable –y muy merecida, en su caso– pena de muerte. No hay motivos para adelantar la sentencia cuando el juicio apenas está en curso.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
