Doce días quedan de octubre y noviembre trae treinta. Al iniciar diciembre, asumirá el poder ejecutivo el licenciado López Obrador. En seis semanas. A partir de ese momento (o antes si los legisladores deciden no esperar a la toma de posesión) las modificaciones al artículo 3º que dieron lugar a la reforma educativa actual tendrán sus días contados. Esa cuenta, pues, no será larga.
Los cambios fueron varios, pero no aislados: al relacionarse producen, en conjunto y por su imbricación, lo que se llamó reforma educativa. En otras palabras, la resultante de sus vínculos es la reforma. De esto se sigue que, si ha de abrogarse, será necesario desatar lo que anudaron, tanto en el texto constitucional como las leyes reglamentarias.
Se ha generado un debate en torno a si el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, debe o no continuar; si es necesario o no y, en su caso, con qué modificaciones. A mi juicio, la discusión yerra en su enfoque si no se considera que el INEE es parte integral de la reforma: una cosa es proponer que el INEE concebido e integrado a la reforma se mantenga, y otra si el país requiere una institución autónoma que genere información, válida y confiable, sobre el estado que guarda el sistema educativo con el fin de fincar, en ese conocimiento, tanto políticas y programas, como propuestas y críticas a las autoridades responsables que no pueden, ni deben, ser juez y parte.
En el apartado IX del tercero constitucional, se ubica al INEE como el coordinador del Sistema Nacional de Evaluación, mismo que se crea “para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad”. Entre las tareas que se le asignan, hay una que es crucial para la reforma: “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”. Si el INEE evalúa los componentes, procesos o resultados del sistema (otra de sus funciones), ¿cuáles son las evaluaciones que le tocan a las autoridades? Las que tienen que ver con el ingreso, promoción y permanencia de los docentes. He ahí, creo, el quid del asunto: al Instituto se le dio la tarea de decirle al patrón cómo hacer su trabajo y, de ese modo, se incluyó al INEE en el terreno laboral y a fondo: determina lo que debe hacer la autoridad, por medio de la Coordinación del Servicio Profesional Docente, para evaluar y decidir quién ingresa al, o se promueve o permanece en, el trabajo. Los lineamientos no son sugerencias, son mandato. Entonces, como entidad autónoma y máxima autoridad en materia de evaluación, ha legitimado los procedimientos contractuales. Por ello, mantener el INEE de la reforma actual no es conveniente.
Sostener esta posición no implica que se considere innecesaria otra institución, autónoma, que produzca información certera, la analice y difunda. Al contrario, es crucial. Es imprescindible un Sistema Nacional de Información Educativa confiable, ajeno a las relaciones laborales, cuya coordinación resida en un organismo autónomo, conocedor del sistema. Valga la comparación: un INEGI educativo. Hay en el actual INEE personas muy calificadas para hacer esta labor. Lo han hecho: deberían ser parte de la nueva entidad que, por cierto, ha de tener tamaño razonable y una forma de gobierno inteligente.
Aunque parezca paradójico, creo que es preciso que se elimine al INEE actual, por ser parte fundamental del engranaje de la reforma laboral del gobierno que termina, para dar lugar a la institución que, sin duda, se requiere. Ha de ser distinta, fuera de la “arquitectura” legal de la reforma vigente, dentro de otro proyecto de transformación educativa que, ojalá, sí esté guiado por mejorar el aprendizaje y la formación de los docentes. Un instituto autónomo sí, pero no así.
