Angélica Buendía Espinoza y Ana Beatriz Pérez Díaz*
En 1970, bajo el mandato de Luis Echeverría, fue creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con el objeto de planear, programar, coordinar y evaluar la política científica y tecnológica del país. A lo largo del tiempo, sus logros se reflejan en la creación, en 1984, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como en la formación de recursos humanos de alto nivel, vía asignación de becas para estudios de posgrado en México y en el extranjero. Ambos programas, el SNI y las becas de posgrado, han sido los que mayor financiamiento han recibido en los últimos años. Además, debe sumarse el proyecto de Cátedras Conacyt, impulsado en este sexenio, que ha significado la contratación vía outsourcing de muchos jóvenes investigadores que, a pesar de su sólida formación, no han podido insertarse en las instituciones de educación superior orientadas a la investigación, para desarrollar su proyecto académico. Las razones principales han sido el casi nulo crecimiento en puestos de profesores de tiempo completo y la falta de una política clara que incentive el recambio generacional de profesores en edad de retiro por jubilación. Hoy tenemos muchos doctores, pero pocos espacios para que contribuyan con el desarrollo científico y tecnológico del país.
En 2017 fueron beneficiados 78,524 estudiantes con becas nacionales y extranjeras; el presupuesto por concepto de becas fue de 9,821 millones de pesos (mdp), lo que representó el 36.2% del presupuesto total del CONACyT. Por su parte, entre 1984 y 2017, el número de investigadores adscritos al SNI pasó de 1,396 a 28,633; para 2017 el presupuesto ejercido por este programa fue de $4,922 mdp, equivale al 18.2% del presupuesto de este órgano. Según datos del Consejo, a partir de 2014 se han registrado en el Padrón de Jóvenes Investigadores más de 6,420 interesados en participar en el programa, y sólo el 16% se ha incorporado a algún proyecto. El problema de la escasa retención de María Elena Álvarez-Buylla, quien habrá de dirigir el Conacyt a partir del 1 de diciembre, ha cuestionado, en el Plan de reestructuración estratégico del Conacyt, la política actual para el desarrollo científico por su orientación a la “gestación de resultados con valor de mercado”, así como por su“lógica neoliberal en el ámbito científico-tecnológico”. Para contrarrestarlo, propone doce principios rectores que tienen como línea estratégica central el entendimiento y solución de problemas urgentes de atender en la búsqueda de una mayor equidad social, así como para prevenir la emergencia de nuevos conflictos. Los ejes que sustentan dicho plan son la descentralización y la austeridad republicana.
En días pasados se ha difundido información sobre la cancelación por parte de Álvarez-Buylla, de las convocatorias para acceder a recursos extraordinarios vía las convocatorias de Conacyt, para la realización de proyectos de investigación en diferentes temáticas y con la colaboración de diversos actores. La noticia ha generado reacciones diversas entre la comunidad científica pues, como es de todos conocido, de esas convocatorias depende el desarrollo y continuidad de la actividad investigativa del país. Es comprensible que en el proceso de transición que vive el país se busque la mayor transparencia en la asignación y eficiencia en los recursos para el ejercicio 2019, no obstante, una decisión como la anunciada por Álvarez-Buylla pondría en riesgo el trabajo de quienes se dedican a impulsar el desarrollo científico y tecnológico.
Sin negar los efectos positivos que la política de ciencia y tecnología ha traído para México, a través de los diversos programas implementados por el gobierno durante los últimos 30 años, es urgente revisar aquellos efectos perversos o no deseados derivados de la misma. Al respecto, la investigación ha realizado importantes aportes, por lo que sería conveniente que las decisiones de política científica y tecnológica en el futuro inmediato se sustenten científicamente y se aparten de la lógica política que tanto ha dañado a investigadores, instituciones y, en general, al desarrollo de la ciencia y la tecnología mexicanas. Lo que menos necesitamos en este momento de cambio es incrementar la descofinanza hacia los académicos, en la que actualmente se sustentan buena parte de los programas para evaluar la productividad científica.
*Profesoras investigadoras. Departamento de Producción Económica, UAM Xochimilco
