Por: Mariana Jaime
El concepto de evaluación en el contexto de la reforma educativa debe replantearse, pero no descartarse, coincidieron especialistas en el Foro: ¿Qué sigue? Debates sobre el futuro de las políticas educativas y científicas.
A 10 días de que inicie la siguiente administración federal y con incertidumbre respecto al futuro de la calidad educativa, investigadores expusieron sus puntos de vista en la mesa ¿Qué hacemos con la evaluación?, en el primer día del foro organizado por el COMIE, IISUE, DIE y la UAM.
David Calderón Martín del Campo, cofundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, enfatizó que el enfoque de la evaluación no puede ser sobre un solo aspecto, sino que debe incluir también la valoración de las políticas públicas para conocer el impacto que éstas tienen.
Para Aurora Loyo, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la utilidad de la evaluación está en convertirla en una herramienta de diagnóstico, jerarquización, reconocimiento, control, organización, cooperación y promoción, entre otros elementos, pero ejecutándola de forma diferente según el objetivo que se persigue y estableciendo los ámbitos de responsabilidad.
Más que una evaluación docente y del aprendizaje, la evaluación educativa tendría que integrar los procesos y recursos que se aplican en las escuelas para el aprendizaje, el impacto de las políticas públicas y los programas para mejorar la educación, y con ello rescatar el concepto de evaluación, afirmó Arcelia Martínez Bordón, investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE).
Wenceslao Vargas Márquez, columnista de Educación Futura, se dijo en acuerdo con hacer evaluación, pero cuyo resultado no condicione la permanencia de los docentes, ya que, por un lado, debe dárseles oportunidad de atender las deficiencias detectadas, y por otro, los resultados de la evaluación no son prueba de lo que el docente ejecuta en el aula y el impacto que tiene.
Entre las conclusiones a las que llegaron los expertos resaltan el reducir las atribuciones del INEE, la necesidad de una ley específica de desarrollo profesional para los docentes y de analizar el costo de un esquema de capacitación antes de implementar la evaluación, así como enfocarse en los proyectos que sí puedan consolidarse a lo largo de un sexenio.
