Una lectura ponderada de las reformas al Artículo Tercero que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que distanciarse de la visión negativa que la concibe como simple “supresión de la reforma educativa” para destacar sus contenidos positivos.
En primer lugar, la iniciativa adiciona un nuevo principio que sustenta a la educación pública: se dice, que, además de ser, universal, laica, gratuita, obligatoria, democrática, integral y de excelencia, la educación deberá ser equitativa.
Es la primera vez en la historia que se busca destacar la equidad como fundamento de la educación y este hecho no es, de ninguna manera, irrelevante. Por el contrario, es una definición estratégica que busca atender —desde la educación— el mayor problema social que enfrenta México.
La iniciativa presidencial hace enseguida esta alusión: “En las niñas, niños y jóvenes, dice, radica el interés supremo de la impartición de la educación”. Este simple enunciado tampoco cuenta con precedentes y nos recuerda que no debemos perder de vista nunca a los sujetos que son al mismo tiempo el objeto esencial de la acción educativa, pero este énfasis es antecedente de una referencia explícita a los maestros.
El magisterio, se dice en el siguiente párrafo, es “un agente primordial de transformación social”, expresión que encierra ecos del espíritu de la escuela rural de la Revolución Mexicana: una vez más, la ley suprema de la educación nacional se propone proyectar al profesor, no como un simple empleado público, un burócrata, sino como un agente activo del cambio social en favor de la justicia social.
El texto define inmediatamente después el derecho de los profesores a participar en un sistema permanente de actualización y formación continua y consigna que la contribución docente debe tener el reconocimiento que merece. Este postulado —¿qué duda cabe?— hace justicia a la labor abnegada, frecuentemente invisible, que día con día realizan los profesores de México.
Más adelante, se enuncia que la ley definirá los requisitos y criterios para el reconocimiento social del trabajo docente y para el Servicio de Carrera Profesional del Magisterio que, se colige, será el sustituto del anterior Servicio Profesional Docente —aunque despojado, debe suponerse, de las connotaciones laborales que éste tenía. Lo importante es que se establece una regulación específica sobre la materia. La operación de este servicio estará a cargo del gobierno federal.
Esos requisitos y criterios deberán favorecer, se dice, la equidad educativa, la excelencia y el desempeño de los educandos. Más adelante, el texto afirma que el Estado dará “atención prioritaria” al fortalecimiento de las escuelas normales y de los institutos de educación superior que forman docentes.
“La educación que se imparta en el país deberá incluir en sus planes de estudio la promoción de valores, el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país, así como la actividad física, el deporte, las artes; es esencial la música, las diversas manifestaciones culturales y el respeto al medio ambiente”
En los últimos párrafos, en los que se define el criterio que orientará la educación, se hace un agregado. En el texto original del Tercero se decía que ese criterio se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios y, además, agregaba, será democrático, nacional, contribuirá a la mejor convivencia y será de calidad. El nuevo texto agrega: “Será equitativa, el Estado aplicará una política educativa incluyente, adecuada a la diversidad cultural y étnica, a fin de combatir las desigualdades sociales, de género y regionales”.
