A juzgar por las propuestas y compromisos de campaña de la actual presidencia de la República, daba la impresión de que el desarrollo del sector educativo sería una prioridad de las políticas gubernamentales. Lo sigue siendo en el discurso de la Cuarta Transformación, pero no en el presupuesto, que es donde cuenta.
Desde que se dio a conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el sábado 15 de diciembre a las 17 hrs. para ser exactos, no han cesado las críticas de las instituciones y colectivos afectados. Al contrario, durante la semana las protestas han subido de volumen y parecen agruparse en torno a un reclamo común: no a las reducciones en el gasto público educativo. Otro tanto ocurre, por las mismas razones, en las áreas de ciencia y tecnología, cultura y deportes, todas las cuales han visto reducir su presupuesto con respecto al año anterior.
La Secretaría de Hacienda, responsable de la integración del proyecto presupuestal, y los diputados, en particular los adscritos a las comisiones encargadas del dictamen, han mostrado disposición de escucha y diálogo con las representaciones institucionales que demandan la revisión del proyecto, pero no se han comprometido a modificarlo en el sentido en que se les solicita. En las propias dependencias gubernamentales, concretamente las subsecretarías de la SEP, no parece haber total conformidad con los límites de gasto asignados. Aunque por razones obvias de disciplina y lealtad con el Ejecutivo Federal los altos funcionarios no pueden manifestarse en sentido crítico, no se han pronunciado en defensa de los recortes anunciados.
Los partidos de oposición, con mayor énfasis el PRI y el PRD, no han ocultado su descontento con los recortes. En la reciente comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el pasado 17 de diciembre, predominó la protesta sobre la disminución del presupuesto a las universidades y demás instituciones de educación superior, así como la disminución del gasto en ciencia, tecnología y cultura. Con pancartas en que se leían consignas tales como “presupuesto justo a las universidades públicas” y “más presupuesto a ciencia y tecnología”, entre otras, los diputados de oposición se expresaron en sus bancadas y frente a la tribuna de la Cámara.
La UNAM, la UAM y más recientemente el Politécnico han hecho públicas manifestaciones de su inconformidad con el presupuesto asignado, en distinto tono pero con el mismo propósito. La UNAM fue la primera en manifestarse al publicar el pasado lunes un desplegado que decía “La Universidad de la Nación hace un respetuoso exhorto a los diputados y diputadas para que analicen y hagas la modificaciones necesarias al proyecto de presupuesto elaborado por las autoridades hacendarias a fin de hacerlo consecuente con el deseo de la población de contar cada vez con una educación de mejor calidad, así como con el compromiso que el presidente de la República contrajo con los rectores de las universidades públicas mexicanas de mantener al menos, para 2019, el mismo presupuesto del presente año, más el porcentaje de la inflación.”
Poco después, la UAM, a través de su Dirección de Comunicación Social, publicó: “La Universidad Autónoma Metropolitana lamenta el recorte al presupuesto de esta casa de estudios dispuesto en el PEF 2019 (…) y solicita una rectificación durante el proceso de revisión que está por iniciar la H. Cámara de Diputados.” La nota circuló en redes bajo el hashtag #NoReducción.
El desplegado del IPN difundido el martes pasado señala: “El Politécnico Nacional confía en la sensibilidad y respaldo del Poder Legislativo y demanda la reconsideración del presupuesto al IPN y a las instituciones de Educación Superior contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y determine un presupuesto de al menos el 3.5%, correspondiente a la inflación, en los términos señalados por el C. Presidente de la República. Lic. Andrés Manuel López Obrador, en la ANUIES.”
La ANUIES también se manifestó en sentido crítico y precisó el impacto de los recortes. La Asociación, indica el comunicado de prensa del 17 de diciembre, “manifiesta su inconformidad con el monto de los recursos asignados a la educación superior en el proyecto de PEF 2019, el cual proyecta una reducción respecto a lo asignado en 2018 de 1,713.8 millones de pesos a las instituciones federales, lo que representa una caída de 6.2% en términos reales. En el caso de las universidades públicas estatales, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y politécnicas, aunque tienen un incremento de 471.2 millones de pesos, si consideramos la inflación, representa una reducción de 3.2% en términos reales. Los fondos extraordinarios concursables para el desarrollo profesional docente, la ampliación de la oferta educativa, y la mejora de la calidad, se reducirían en 1,843.5 millones de pesos, lo que equivale a una disminución en términos reales del 43.6%. De igual forma, los recursos destinados al CONACyT presentan una disminución de 2,561.2 millones de pesos, equivalentes al 12.8%”
Varias universidades de los estados, colectivos académicos, sindicatos universitarios, especialistas y asociaciones científicas y profesionales están coincidiendo en este reclamo: no a los recortes a las instituciones educativas y científicas. La respuesta que, hasta el momento, ha dado la presidencia de la República en el sentido de “habrá más becas”, parece insuficiente e incongruente con las necesidades de expansión y mejora de calidad a través del ejercicio presupuestal en dichas instituciones. Otra respuesta tanto del titular de Hacienda como del presidente en el sentido de “hacer más con menos” -réplica de la consigna de Reyes Heroles en la administración de Miguel de la Madrid-, tampoco parece una recomendación viable y mucho menos satisfactoria.
Preguntas: ¿estará el gobierno dispuesto a pagar los costos políticos y sociales de la medida? Aparentemente sí, aunque todavía hay espacio para una rectificación. ¿Se tendrá conciencia de que la “aceptación” es la más frágil de todas las variables políticas? Ojalá que así sea.
