Mediante un comunicado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) advirtió que existe un deseo explícito extinguir al Instituto, manifestando que la decisión de reducir su presupuesto es unilateral, irracional y sin sustento.
Mediante el mensaje enviado, explican que n las últimas semanas el Instituto ha sido objeto, junto con otros órganos constitucionales autónomos, de acciones que atentan contra su autonomía y su operatividad.
El INEE, dicen, parece ser especialmente incómodo para la actual administración: hace unos días, el Ejecutivo envió una iniciativa para retirarle la autonomía y volverlo una instancia que dependa directamente de la SEP. Ayer, la fracción mayoritaria del Legislativo aprobó un presupuesto que reduce sus ingresos en más de un 50 por ciento en términos reales con respecto al de 2018, lo que no ocurrió con otra entidad u organismo del Estado mexicano.
El deseo de extinguir al Instituto es explícito: si la reforma constitucional que se requiere para retirar la autonomía no alcanza la mayoría calificada que necesita (voto de dos tercios en cada Cámara), desde ahora se busca acotarlo por la vía de los hechos. Lo más lamentable es que las razones argumentadas para tales acciones se fundamentan en percepciones y opiniones que no han sido validadas con un análisis serio y directo.
Ante tales hechos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación expresa que:
- Es un órgano del Estado Mexicano que aporta información, análisis y evidencias para la toma de decisiones. Esa información ha sido sustento para que escuelas y autoridades educativas diseñen acciones de mejora que han sido exitosas.
- Las decisiones en el poder público deben sustentarse y motivarse, lo que no ha sucedido con el Instituto. Hasta ahora no ha sido objeto de un análisis serio que considere todas sus aportaciones y tareas sustantivas en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de México. No es sensato que se decida el destino de una institución partiendo de valoraciones superficiales.
- Al Instituto se le han atribuido erróneamente acciones y diversas omisiones relacionadas con la evaluación docente. A ello han contribuido la complejidad de la Ley del Servicio Profesional Docente, la implementación de un proceso inédito y la decisión del Instituto de no destinar grandes presupuestos a las tareas de publicidad y relaciones públicas. Falsamente, se ha señalado al INEE de diseñar, avalar o implementar acciones que afectan la dignidad de los maestros. Todo lo contrario, si algo valora el Instituto es la insustituible y noble tarea del magisterio para mejorar la calidad de la educación.
- También se ha argumentado que los funcionarios del Instituto gozan de salarios y privilegios, lo cual dista mucho de la realidad. El salario de sus consejeros no lo establece la Junta de Gobierno, sino la Ley del INEE, que se basa en la que reciben los funcionarios de la Administración Pública Federal. De esta manera, esos salarios se ajustan automáticamente a los tabuladores que establezca el Congreso. Por otra parte, los consejeros no reciben bonos adicionales al salario de ley, y cuando el trabajo lo demanda, los viajes se realizan sin ostentaciones ni lujos. Todos los consejeros fueron designados por el Senado de la República en un riguroso proceso de selección basado en sus capacidades y desempeño profesional.
El INEE es el órgano autónomo más afectado por los recortes presupuestales. Sin embargo, lo más preocupante es la amenaza que estas medidas representan para el equilibrio de poderes, para el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia. La calidad de la educación que reciben nuestras niñas, niños y jóvenes no debe ser rehén de intereses políticos. El derecho constitucional a una educación de calidad es el camino privilegiado para la construcción material de la dignidad inherente a todas las personas.
Finalmente, señalan que el INEE seguirá trabajando de acuerdo con su mandato constitucional y la ley que lo rige. Defenderá la autonomía de la institución como el único mecanismo para preservar la objetividad de la información, en un tema en el que la autoridad federal no puede ser juez y parte; seguirá evaluando los procesos educativos y las condiciones de operación de nuestras escuelas; difundirá información sobre resultados educativos a escuelas, zonas escolares y autoridades estatales; señalará brechas y temas a los que la agenda educativa actual no ha dado la debida importancia; y participará en evaluaciones que nos permitan comparar el avance de la educación mexicana con otras naciones de América Latina y del mundo.
