Jennifer O’Donoghue
Nuestro sistema educativo, como nuestra sociedad, es excluyente. Hasta la estadística más sencilla retrata la exclusión, y basta con un par de experiencias en campo para ver la realidad cotidiana de millones de niñas, niños y jóvenes (NNJ) que no están en la escuela o, estando en ella, no aprenden o no se sienten escuchados ni involucrados.
La inclusión en la educación se vive (o no) en la escuela y sólo avanzaremos hacia una garantía más amplia del derecho a la educación en la medida en que transformemos nuestras escuelas en escuelas incluyentes que acogen y responden a la diversidad de todas y todos. Pero la comunidad escolar no lo puede hacer sola.
El marco normativo puede facilitar o inhibir el desarrollo de prácticas incluyentes en el nivel local.
Si bien es cierto que la ley no cambia, de un día a otro, la realidad en las aulas, cuando se trata de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, marca las obligaciones de las autoridades y establece la base mínima de lo que podemos exigir en el cumplimiento de nuestros derechos.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar el artículo tercero constitucional parece un avance; propone que “el Estado aplicará una política educativa incluyente”.
Por primera vez se establecería la inclusión como parte de la garantía del derecho a la educación.
Sin embargo, el concepto de la inclusión en la iniciativa del Ejecutivo es —irónicamente— excluyente.
Hace referencia a “la diversidad cultural y étnica” así como a “las desigualdades sociales, de género y regionales”. Pero deja fuera a NNJ excluidos por otras razones; no hay ninguna mención, por ejemplo, de los cientos de miles de NNJ con alguna discapacidad que ven violentado su derecho.
Pero la educación incluyente no se limita a grupos etiquetados como “vulnerables”; significa valorar y responder a la diversidad de cada persona.
Más que alargar la lista de grupos marginados, se debe ampliar el concepto en sí y asegurar, desde la Constitución, que el Estado promueva una política educativa adecuada a la diversidad de las personas y la sociedad, enfocada a identificar y eliminar cualquier barrera para el aprendizaje y la participación en la educación.
El concepto de la educación inclusiva debe ser suficientemente amplio para poder responder y promover la diversidad de cualquier índole para que todas y todos puedan estar, aprender y participar en la escuela.
La educación incluyente no es una batalla ganada; es un proceso continuo de identificar y eliminar las actitudes, prioridades y paradigmas que nos han impedido avanzar.
En las próximas semanas, nuestros legisladores tendrán la oportunidad de interrumpir nuestro modo actual de pensar y operar para fortalecer la concepción de inclusión desde el marco normativo, y así impulsar la transformación del sistema educativo mexicano.
Es una oportunidad histórica para tomar una decisión que beneficiará a tod@s.
