Mariana Jaime
El modelo educativo que se propone actualmente en México, y que se practica en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda e India, pone la calidad por encima de la equidad, lo que obliga a contrarrestar y resarcir de fondo las consecuencias de la reforma de 2013, urgió Elsie Rockwell, investigadora del CINVESTAV.
En la Audiencia Pública convocada por la Cámara de Diputados para analizar la Iniciativa de reforma educativa, en la que participaron especialistas en el tema y docentes, la investigadora con 50 años de experiencia en el sector público educativo en el país, condenó que en este modelo impuesto desde la década de los 80 “siempre usan la evaluación y la certificación como punta de lanza para la transformación; siempre denuestan al magisterio de base y promueven la contratación temporal y precaria de docentes sin formación profesional; siempre generan el cierre masivo de escuelas y la concentración y desplazamiento de estudiantes a planteles lejanos de sus lugares de residencia rompiendo así el tejido social comunitario y la integridad de la familia”.
Ante esto, Rockwell aseveró que en ningún caso se ha mostrado que este modelo de reforma hayan llevado a una mejora cualitativa y equitativa en los resultados de la educación, sino que “han conducido a dos cosas: primero, una grave polarización en los sistemas educativos, con escuelas de lujo, subvencionadas por recursos públicos para las élites, y escuelas cada vez más abandonadas para los trabajadores y para el pueblo (…); segundo, este modelo ha llevado a una creciente privatización, en México esto no significa que se venda la SEP como tampoco se vendió Pemex, aumenta la desigualdad por otras vías, por la vía de la transferencia de recursos y subvenciones públicas al sector privado”.
La especialista mencionó, además, el pago al mérito docente que se denominó “carrera magisterial”, vinculada a criterios como valor agregado, certificación mediante cursos de dudosa calidad, tampoco condujo a una mejora del desempeño docente, ni para los maestros beneficiados ni para los que aspiran a serlo.
La razón, recalcó es que en gran medida estos esquemas de evaluación constante restan tiempo docente de la tarea imprescindible y central de atender a sus grupos mediante la enseñanza y aprendizaje.
Lo que celebró fue el consenso entre ponentes sobre una educación pública, laica, gratuita, democrática nacional como derecho universal de todos los habitantes del país, enfatizando que también se debe garantizar a toda persona que no haya nacido en tierras mexicanas, en cualquier momento.
Sin embargo, hizo la acotación de que nunca se ha hecho explícita la obligación del Estado de proporcionar la educación con tales características, ya que en la Constitución sólo menciona que lo garantizará y promoverá, motivando a buscar los servicios educativos en el medio privado.
Por último, se sumó al tema del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el INEE, apoyando la derogación de la fracción IX del Artículo Tercero, por considerar que no es materia Constitucional sino de organización atribuible al Ejecutivo, y que es necesario evaluar rigurosamente al Instituto para conocer si ha cumplido con el mandato constitucional de contribuir a una mejora de la educación pública y del desempeño docente.
