El miércoles 27 de marzo, los gobiernos de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas convocaron a un foro para discutir “La educación Pública en México” o, más bien dicho, qué hacer con las broncas que les heredó el Acuerdo para la modernización de la educación básica de 1992. Los estados ya no pueden con la nómina educativa.
No fue el diseño institucional del Acuerdo lo que fracasó, sino el abuso que forjaron las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre las transferencias financieras y la debilidad política de los gobiernos locales.
La Ley General de Educación prefiguró un centralismo burocrático, no un sistema federal, por más que se invoque el federalismo cooperativo y la concurrencia de competencias.
En ese diseño, el gobierno federal concentró el poder, si bien cedió porciones de autoridad a los estados, por medio de controles normativos, técnicos, financieros y políticos, el centro contrajo para sí las actividades que implicaban poder y trasladó a los estados responsabilidades sin herramientas políticas para enfrentar al SNTE.
Éste siguió siendo una organización centralizada y fuerte, con camarillas locales que se apoderaron del gobierno de la educación básica, ante la languidez —y en algunos casos, la complacencia— de los gobernadores.
El caso es que el sistema hizo agua. Por eso el gobierno de Enrique Peña Nieto recentralizó el pago de la nómina y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo va a mantener. Empero, “el pasado pesa como pesadilla en el cerebro de los vivos” (Marx dixit).
En el acto del miércoles pasado, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, explicó que desde el 26 de noviembre de 2018 regresó al gobierno central el control de los maestros federalizados, asunto que hoy tiene la Corte en sus manos. Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, apuntó que ya no tiene para pagar la nómina, igual que Zacatecas y en los hechos cada estado, como lo documentó José Raúl Trujillo, con palabras como injusticia e inequidad. No obstante, el senador Dante Delgado anotó que la culpa era general, que hubo gobiernos locales omisos (y corruptos había dicho yo). Claro, hay exgobernadores responsables que dejaron crecer la nómina después de 2015 (tras un año para conciliar), pero son los actuales quienes tienen la reyerta encima. Y no saben ni cómo resolverla ni tienen con qué.
El federalismo mexicano es ficción. México tiene vocación al centralismo. Como en otras ocasiones, en ese foro expresé que tal vez valga la pena discutir las ventajas y dificultades de un sistema educativo unitario. Abonó puntos de manera telegráfica:
1. Economía. Nada más el gobierno federal tiene capacidades instaladas para cobrar impuestos y mecanismos de control para imponer disciplina en el gasto, como el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo.
2. Política. Sólo el gobierno central tiene la fortaleza —en el eventual caso de que el Poder Ejecutivo quisiera tomar el toro por los cuernos— para enfrentar y contener —incluso amansar— a las facciones del SNTE y los numerosos sindicatos pequeños que piden plazas, comisionados, canonjías (hasta gasolina y apoyo secretarial). Ningún gobernador tiene poder para enfrentar a huestes rijosas.
3. Institucionales. Los poderes Ejecutivo y Legislativo centrales son los únicos que pueden armar leyes generales para ordenar el gobierno de la educación básica con reglas claras, trasparentes y, espero, espíritu democrático.
4. Pedagógicos. El currículo, los materiales y métodos de enseñanza ya se deciden desde el centro, ¿qué caso tiene hablar de federalismo? Además de las capacidades técnicas que ya tiene la Secretaría de Educación Pública, los maestros siempre exigen planes y programas, así como proyectos de actualización a cargo de esa dependencia.
No propongo la panacea, sólo institucionalizar lo que ya existe: el centralismo educativo.
Retazos
Sí, la Reforma Educativa ya chupó faros, la CNTE es el nuevo Poder Legislativo.
