SERGIO LÓPEZ AYLLÓN*
Ayer, el Presidente firmó un memorando dirigido a los titulares de Gobernación, Educación Pública y Hacienda en el que establece una serie de “lineamientos y directivas” en materia educativa. En particular, los instruye a dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.
El asunto me dejó azorado y preocupado por sus implicaciones. La “reforma educativa” se plasmó mediante reformas a la Constitución y la expedición de varias leyes secundarias, mismas que están vigentes. Sin lugar a duda, el Presidente puede disentir de su contenido y resultados. Justo por ello, la misma Constitución le otorga facultades para desencadenar, mediante iniciativas, los procesos de cambio normativo que considere pertinentes. Además, Andrés Manuel López Obrador goza de amplia legitimidad democrática y clara mayoría en el Congreso.
Lo que no resulta admisible es que el titular del Ejecutivo instruya a la administración pública a dejar sin efectos normas vigentes. En efecto, el artículo 87 de la Constitución establece que, al tomar posesión de su encargo, el Presidente debe protestar ante el Congreso “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”. Su primera obligación, junto con todos los servidores públicos, es obedecer la Constitución y las leyes. Su cumplimiento no es opcional ni está sujeto a la apreciación que tengan sobre su contenido. El asunto es todavía más preocupante si recordamos que, en una democracia constitucional, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Esto se conoce como principio de legalidad, y es uno de los pilares del estado de derecho. Por ello, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, debe señalar los preceptos legales aplicables al caso y señalar claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para su emisión. Existen toneladas de jurisprudencias sobre este tema. Pues bien, el memorando del Presidente viola este principio. Si bien pretende motivar la decisión –señalando la falta de acuerdo en el Congreso y el gremio magisterial para derogar la reforma educativa y remplazarla con un nuevo marco legal– simple y llanamente omite cualquier fundamentación. Esto hace que, jurídicamente, el memorando sea nulo. El memorando crea, además, un dilema complejo para los secretarios a quienes está dirigido. ¿Deben acatar una instrucción presidencial que a todas luces es inconstitucional? ¿Y, si lo hacen, incurren en responsabilidad? ¿O deben renunciar? Vaya brete en que los ha dejado. Ojalá que el sentido común se imponga y, como lo ha hecho en otras ocasiones, el Presidente enmiende la ruta. Lo que está en juego es mucho más que la reforma educativa. Es su credibilidad para conducir la nación por el camino del estado de derecho.
*Director e investigador del CIDE
