El Artículo Tercero de la Constitución mexicana se “torció” cuando se le introdujo contenido laboral y administrativo en la reforma de 2013, de acuerdo con el análisis de Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y director académico de Educación Futura .
Gil Antón dictó la conferencia magistral Reformas Educativas: Cambio y Continuidad entre 2013 y 2019, dentro del Tercer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal (CONISEN), realizado del 9 al 12 de abril en Playas de Rosarito, Baja California, donde sostuvo que los verdaderos profesionales de la educación son los normalistas, al contar con la formación pedagógica.
El investigador hizo un recorrido rápido por el Artículo Tercero desde 1917 a la fecha, pasando por las adecuaciones de 1934, que dictaban una educación socialista; las de 1946, que establecían el desarrollo armónico de todas las capacidades del hombre; los cambios de 1980, cuando se señalaron las atribuciones de las instituciones autónomas; la inclusión de la secundaria como educación obligatoria en 1993 y del preescolar en 2002; la inserción de los derechos humanos en 2011; la obligatoriedad de la educación media superior en 2012, y el Pacto por México en 2013, donde el 62% del contenido fue administrativo y laboral, contra 38% de lo que tiene que ser un artículo constitucional.
“El Artículo Tercero fue el atajo que tomó el gobierno de Peña y sus aliados en el Pacto por México para en el Artículo Tercero establecer un régimen laboral de excepción para el magisterio, en vez de atender al Artículo 123, y en consecuencia todos aquellos que tuvimos la intuición de que no era una reforma educativa sino administrativa y laboral, pues teníamos razón, y no da gusto tener razón cuando son tan fuertes los impactos en este asunto”, condenó el ponente.
Pero ni el nuevo régimen presidencial ni el dictamen de la nueva Reforma Educativa “endereza” el camino del Artículo Tercero, señaló el especialista, ya que permanece ese régimen laboral de excepción, siendo la parte rescatable del proyecto que el eje sea la formación y no la evaluación.
“La propuesta de nuestro actual Presidente tiene dos problemas: conserva la misma estructura de la reforma de 2013 y también tiende la simplificación”, advirtió, “si ya vimos la síntesis de la reforma de Peña, ahora el magisterio no es concebido como el principal culpable, sino como el actor que resuelve las cosas, el magisterio. También se dice que no solamente significa trabajo en el aula sino el promotor del cambio social y dice que de él o de ella depende hacer sujeto activo de la transformación; es el principal actor, a solas, otra vez simplificando”.
Gil Antón también lamentó que el nuevo centro de evaluación vaya a ser quien genere y determine los procesos laborales del régimen especial, bajo el mismo esquema del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sólo que con los “hilos cambiados”.
Afirmó que la propuesta educativa de la Cuarta Transformación no pudo ser más incoherente, al olvidar la autonomía y la educación inicial, elaborarse con enorme descuido y sin una lógica en la exposición de motivos, además de dejar insertadas las cuestiones laborales en el Artículo Tercero.
“Estamos usando la Constitución para no enfrentar los problemas que como mexicanos tenemos en materia de trabajo. Todo esto podía ser parte de leyes secundarias”, sentenció el investigador en la conferencia ante normalistas de todo el país.
“El país, nuestros hijos y nuestros nietos no merecen que se trastoque la Constitución, que se incorpore al Artículo Tercero un régimen laboral de excepción, en el cual el Congreso de la Unión va a determinar cuáles son las pautas de los profesionales de la educación sin que participen ustedes (maestras y maestros)”.
