En un análisis a la Reforma Educativa aprobada por la Cámara de Diputados la madrugada de este 25 de abril, especialistas dieron sus puntos de vista acerca de lo que aún está pendiente y la sociedad debe exigir.
Manuel Gil Antón, profesor investigador del Colegio de México (Colmex), y Alexandra Zapata Hojel, directora general adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expresaron cuáles son los puntos positivos y los que generan dudas, en una entrevista en el noticiario matutino Despierta con Loret.
El catedrático del Comex afirmó que esta reforma es mejor sintéticamente, ya que se llegó a ella tras 136 días desde su propuesta inicial, tiempo en el que se desarrolló una discusión con participación de distintas voces, a diferencia de la reforma de Enrique Peña Nieto, aprobada en 10 días sin discusión alguna.
“En términos de la forma, me parece que es muy distinta y el eje, sobre todo. En 2013, se concibió, el eje central fue que la evaluación era lo necesario para controlar laboralmente a un grupo de trabajadores que todos eran, en una generalización muy absurda, flojos, barbajanes, incultos, e incluso acusado racista y clasistamente el magisterio”, señaló.
En tanto que hora se apuesta por la formación para mejorar la práctica, pero sin eliminar la evaluación, pues sólo desaparece es el vínculo de evaluación con permanencia, lo que es importante, aseveró Gil Antón.
Sobre la venta o herencia de plazas, dijo que aún existe la posibilidad de que sucedan, al quedar establecido en el Artículo Decimosexto transitorio del decreto que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el apartado B del Artículo 123 Constitucional.
Pero si estos actos se repiten, advirtió, serán bajo el amparo de la autoridad federal, como sin duda ocurrió en el pasado, pues “a ninguna plaza heredada, vendida o condicionada le faltó respaldo presupuestal de Hacienda”.
“Va a ser importantísimo que triunfe la política en términos de que la ley secundaria al respecto de cómo se regula el nuevo servicio profesional de las maestras y los maestros, contenga algo que es prometedor, ya no se dice concursos de oposición, que se confundían con exámenes, sino que se dice procesos de admisión, promoción y reconocimiento, que van a tener transparencia, claridad, igualdad de oportunidades”, puntualizó el especialista.
La observación de la directora general adjunta del IMCO se centró en cuestionar si hay suficiente infraestructura y presupuesto para que se aplique lo que establezcan la Constitución y las leyes secundarias, y así generar el cambio esperado.
“Podemos tener las mejores intenciones del mundo en la legislación, podemos decir que los maestros tienen derecho a capacitarse y que el Estado va a estar ahí para proveer los servicios. (Pero) si en el presupuesto de egresos no están los recursos para poder cumplir esa promesa, se vuelve letra muerta”, sentenció.
“Vimos en el presupuesto aprobado en el 2019, para el año actual, recortes importantísimos en capacitación docente y el acompañamiento a los maestros; no vemos un plan estructurado para mejorar la infraestructura escolar, en el presupuestos; no vemos, por ejemplo, suficientes recursos necesariamente para generar estadística que sea confiable y que empiece a generar confianza que nos estamos moviendo en la dirección correcta”, concluyó.
Los expertos consideraron que la sociedad civil tendrá la tarea de exigir procesos transparentes y que se genere información confiable que permita conocer el impacto que está teniendo la Reforma Educativa.
