En el cierre de fotografía, la carrera para aprobar una nueva reforma constitucional en materia educativa no se concretó -no se concertó- todavía.
Más allá de la anécdota –veraz o no- de senador/cenador, llama la atención que el PRI y el PRD, que en el Senado votaron el dictamen a favor en lo general, se pasaron a la negativa en lo particular. Así, el Senado como Cámara revisora lo devuelve a la Cámara de origen. Eso abre un plazo que llega al menos al 14 de mayo, fecha en la que citó para un periodo legislativo extraordinario.
Ya se ha recapitulado mucho, en los análisis de académicos y activistas, sobre los avances y los puntos polémicos de la minuta. Si juzgamos desde el punto de vista del derecho de niñas y niños, y desde ahí también cómo se coordina con los derechos profesionales de maestras y maestros, las oportunidades del texto consensado son muy positivas, sin dejar de advertir ambigüedades, omisiones y contradicciones que serían mejorables.
Sin duda, las pruebas de fuego se darán en dos fases. Una primera, la fase de especificación, en las leyes secundarias. Ello incluye la reforma a la Ley General de Educación; dos leyes reglamentarias: la de la Carrera de Maestras y Maestros, y la del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; el ajuste en las 32 leyes de educación de las entidades federativas, la armonización con la Ley de Educación Superior –por lo referente a las Normales, así como ajustes en leyes como la de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o la de Responsabilidad Fiscal.
Pero la prueba de fuego definitiva estará en la fase de implementación: presupuesto suficiente para las Estrategias de Educación Inicial e Inclusiva; los fondos las instituciones y los procesos equitativos y relevantes para hacer efectivo el derecho de los maestros a la formación continua (por cierto, memo para el Presidente: póngale dinero, por elemental congruencia: fijó becas de 3,600 pesos para cada uno de cientos de miles de jóvenes, pero para 2019 hay sólo 376 pesos para la formación continua de los más de 900 mil maestros, la mitad de lo asignado en el peor año de Peña Nieto), y un largo etcétera.
Como precisamente enseña la evidencia de la reforma 2013-2018 -aunque los secretarios tardíos la nieguen y quieran atribuirse lo que no construyeron, ni entendieron y menos honraron- el papel constitucional aguanta todo, pero la voluntad flaquea, irónicamente más cuando es su consejera la soberbia.
Pero como todavía no, todavía no tenemos texto nuevo, lo que rige es la Constitución actual, con el Tercero aprobado en 2013 y sus leyes secundarias. Las próximas semanas serán complejas en el detalle de la técnica legislativa, pero en sí el resultado es incierto.
Que el Senado mande de regreso un proyecto no es malo en sí mismo. Para la democracia parlamentaria es saludable mandar la señal de “no me aplastes y negocia más”. También la negativa del martes puede ser fruto de una auténtica y respetable objeción de conciencia sobre el riesgo de captura de los nombramientos en comisiones mixtas o escalafones amañados, y una verdadera preocupación sobre la autonomía relativa y tal vez insuficiente del Centro que sustituye al INEE.
Pero el “todavía no” tampoco es bueno en sí, porque extiende el período de precariedad e incertidumbre para los maestros y las autoridades estatales; no hay garantías de que no se ponga áspero el rebote entre las Cámaras, pero sobre todo que los procesos reales se deterioren, con un INEE ya semidesmantelado y la mayoría de los autoridades estatales en ascuas.
El “todavía no”’invita a la convergencia por el bien de todos, a la flexibilidad sin traicionar las convicciones. Y también a dejar la retórica hueca y los espantapájaros de papel sin fundamento legal; los incumplimientos reales, esos sí, ameritan el rigor contundente que trae consigo un apremio judicial real, como ya pasó con las supuestas plazas de Oaxaca que no se pueden “regularizar” sin que Gobernación caiga en desacato. Mucho trabajo viene para todos, pero la causa de niñas y niños lo requiere más que nunca.
