Escribo esta nota el martes 30 de abril por la mañana. Lo más seguro es que en el transcurso de ayer, el pleno de la Cámara sancionara el dictamen que aprobaron ayer las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República y que los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución sufran una enmienda más.
En un foro que organizó la Fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung, Perspectivas para el Sistema Educativo en México: ¿Qué Ruta Seguir?, participamos varios colegas, académicos alemanes y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Lo candente, por supuesto, se refirió a los cambios que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la educación, de inicial a superior.
Buena parte de la discusión se centró en el proyecto de dictamen que envió la Cámara de Diputados al Senado, aunque también se habló del memorándum del 16 de abril y de las alteraciones que se pueden prever que vendrán en las leyes secundarias.
Con excepción de una ponente de la SEP, los expositores del lunes 29 navegaron entre posiciones escépticas y pesimistas respecto a lo que viene.
Se habló de reforma o de contrarreforma educativa, pero volvemos a lo mismo; ésta es más laboral que educativa, más laboral que la del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En algunos aspectos, parece que regresa a la situación de antes de 1992: se acentúa el centralismo.
No obstante que se reconocieron aspectos positivos, incluso muy positivos, en la enmienda aprobada, el recelo con la propuesta se centró en el artículo transitorio Décimo Sexto, del cual me ocupé en mi artículo del domingo, que presagia un retorno de las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a las rutinas corporativas y la repatriación de prácticas corruptas, aunque tal vez no de inmediato.
¿Dónde está la desconfianza? El párrafo octavo del texto introductorio asienta: “La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior”. Y el párrafo anterior reza: “La ley establecerá las disposiciones del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión”.
Como la actual enmienda abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, surge la sospecha de que la mayoría de Morena borre las preocupaciones de los partidos de oposición y despeje el camino para cumplir las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Parece extraño que un grupo tan aguerrido, que lanzaba consignas incendiarias hace apenas 10 días, ahora esté en calma y que sus líderes sólo hayan hecho declaraciones tibias, aunque diputados oaxaqueños —que son morenos y de la CNTE— le hicieron el vacío a AMLO en su gira reciente por Oaxaca.
Pero ese reproche quizá se deba a que el Presidente los llamó conservadores porque votaron en contra del dictamen.
Con todo y que los legisladores aseguren que el Estado no soltará las plazas ni el control de la nómina y que el texto asegure que los procesos (que no exámenes) para ingreso y promoción “serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales”, no establece candados para evitar chapuzas ni que se cuelen “procesos” indeseables, como el pase automático a la profesión para egresados de las escuelas normales.
El foro fue rico, hubo debate e información, mucho para resumirlo aquí. Baste señalar que un asunto en el que parece que hubo acuerdo es que este cambio busca más la gobernabilidad que mejorar la educación, aunque también el auditorio aplaudió que el propósito de inclusión sea parte del corpus principal.
Sin embargo, contiene muchas promesas que será imposible que el gobierno cumpla sin que se asignen cada vez más fondos para el sector educativo; hoy restringidos.
